*.- Si la PGJE hubiera actuado esto no se repetiría: Escourido

TIJUANA BC 14 DE ABRIL DE 2017 (AFN). – La existencia del audio que implica un probable acto de corrupción del Director de Responsabilidades de la Sindicatura local, Jorge Agraz Fitch, exhibe nuevamente y confirma la existencia de un serio problema en la administración municipal, que persiste independiente del color de partido que gobierne, afirmó José Alberto Escourido Moreno, representante del grupo 100 Por Tijuana.

“Si la Procuraduría General de Justicia del Estado hubiera actuado en su momento esto no estaría ocurriendo”, dijo Escourido, que hace tres años presentó una denuncia formal contra el anterior alcalde y el Síndico Municipal luego del escándalo que ventilaron públicamente cuando el primero acusó al segundo de pretender extorsionarlo, exigiéndole la mitad de lo que supuestamente se generaba en el gobierno municipal mediante actos de corrupción.

“Tuve que presentarla porque aparentemente el fin de semana posterior a la declaración de Astiazarán, hubo arreglo entre las partes pues el alcalde nunca quiso ir a interponer una denuncia formal”, afirmó Escourido. “No quería que quedara impune”.

Recordó que fue el propio Astiazarán quien propició que la  PGJE diera carpetazo al asunto, al negar ante la dependencia, que el entonces Síndico hubiese pretendido chantajearlo al demandarle supuestamente 40 de los 80 millones de dólares que según esos cálculos, se generan anualmente a nivel municipal.

El dinero presumiblemente solicitado hoy por el Director de Responsabilidades de la Sindicatura -actualmente en manos de un gobierno panista- confirma además la existencia de un problema de corrupción que ya es conocido en torno a la autorización de horas extras para la operación de negocios con venta de bebidas alcohólicas.

El negocio con permisos especiales de construcción, licencias, y letreros de publicidad irregulares, entre otros, son una muestra de todas las probables fuentes de ingreso corrupto y “todo suma, por eso no es descabellado lo de los 80 millones de dólares”, que en su momento presumiblemente refirió el Síndico Arturo Ledezma. “Éste no es un caso aislado, es el modus operandi de los Ayuntamientos incluyendo éste”.