• Constructora IDU se desentiende de su responsabilidad
• Empeora su situación patrimonial y ayuntamiento no responde
• Avanza denuncia penal por posible fraude
TIJUANA BC 06 DE ABRIL DE 2017 (AFN). – Residentes del desarrollo habitacional Valle Sur, denunciaron que la empresa constructora IDU cortó comunicación con ellos y se ha desentendido de la crítica situación que viven luego de la pérdida total de sus viviendas, mientras que el gobierno municipal continúa respondiendo con lentitud a sus demandas.
Mientras 16 o 17 viviendas han terminado por desplomarse hacia el talud en donde hizo crisis la inestabilidad del terreno, la afectación avanza en diversos grados hacia el resto de las viviendas del desarrollo, que suman 75, y cuyos propietarios de plano denunciaron penalmente por el posible delito de fraude, en contra de la empresa constructora.
El deslizamiento de la plataforma donde se construyó el fraccionamiento sigue avanzando y dañando a las viviendas construidas metros arriba, y metros abajo dicho deslizamiento profundiza la afectación hacia la fábrica que ahí opera y que da empleo a 400 empleados.
Ante el temor de un colapso súbito y a fin de prevenir consecuencias mayores, algunos servicios han sido suspendidos para varias de las viviendas. La Comisión Federal de Electricidad tendió una red especial para proporcionar energía eléctrica a varias de las familias, pero el abasto de gas por parte de las empresas locales es inexistente porque han decidido no arriesgarse a entrar a la zona, luego de los avisos preventivos colocados por la oficina de Protección Civil.
Inútilmente, dijeron los colonos, han demandado del ayuntamiento y la empresa constructora, transparentar la documentación presentada por esta última durante el proceso de autorización del fraccionamiento, a fin de verificar si cumplieron con todos los requisitos.
También inútilmente, han exigido al ayuntamiento emitir un dictamen técnico que certifique la condición inhabitable de las viviendas, para que los afectados puedan respaldar sus solicitudes ante bancos e Infonavit, para lograr una moratoria de pagos a fin de no caer en incumplimiento legal.
“Estamos pagando una vivienda que no podemos habitar”, dijo Alma Rosa García, durante una reunión de trabajo de las familias afectadas. “El concepto que nos vendieron y que uno compró ya no existe”.
Para tres o cuatro familias que ya habían liquidado el costo de la vivienda esto ha significado la pérdida de su patrimonio, en algunos casos el patrimonio de una vida, y por lo cual pretenden recuperar su dinero por la vía legal. Para todos sin embargo, ha representado un problema adicional el tener que vivir con familiares o pagar renta mientras continúan pagando sus abonos.
Para el representante de la empresa constructora, lo que viven los colonos “son incomodidades”, según sus palabras ante los vecinos en uno de los últimos encuentros, en donde les compartieron el resultado de un estudio hecho por la compañía. Con el pretendían probar que la causa de los deslizamientos podrían ser imputables a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana por fuga de un tanque de almacenamiento ubicado en la parte alta del terreno.
Coincidentemente luego de este estudio, que no resultó como la constructora esperaba, su representante ha cortado toda comunicación con los afectados y no responden llamadas ni mensajes de correo electrónico. Los colonos están convencidos de que los desarrolladores pusieron distancia de por medio al no poder responsabilizar a terceros de los daños provocados y han decidido evadir su propia responsabilidad.
“No hemos tenido una muestra de apoyo económico o moral. Para nosotros esto es mucho más que incomodidades, es dinero, es estrés y problemas de salud y aunque todos tenemos distintas problemáticas nuestro único fin es que nos restablezcan nuestro patrimonio”, añadió Alma Rosa García.
