*.- Alerta director fundador de Facultad de derecho de la UABC
*.- Preparan abogados formato de amparo para combatirla 

TIJUANA BC 11 DE ENERO DE 2017 (AFN).- La Ley estatal del Agua promovida por el Gobierno del Estado y aprobada por la mayoría panista del Congreso local, tiene alcances todavía más graves en detrimento de la población de la entidad, pues en realidad abre la puerta a la inversión privada en todos los servicios públicos, alertó el director fundador de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, Luis Humberto López Gutiérrez.

En razón de esto, un grupo de abogados prepara ya un formato para solicitar el amparo de la justicia federal, que en las próximas horas será compartido con la ciudadanía, para que de manera personal promueva la protección federal contra la aplicación de esta ley, explicó el abogado.

López Gutiérrez se refirió particularmente al capítulo octavo de la ley aprobada el pasado 19 de diciembre por la mayoría panista en el Congreso del Estado, que habla “De la Participación del Sector Privado”, y establece los rubros en que los particulares y las organizaciones de los sectores social y privado pueden hacerlo.

En este apartado precisa la ley aquellas actividades relativas al agua, y las identifica como sigue: El aprovechamiento de las aguas residuales tratadas; La administración, operación y mantenimiento, total o parcial, de los sistemas destinados a la prestación de los servicios públicos de agua en bloque, agua potable, drenaje, alcantarillado y disposición de aguas residuales.

Uno más se refiere a la ejecución de obras de infraestructura hidráulica y proyectos relacionados con los servicios públicos de agua en bloque, agua potable, drenaje, alcantarillado, alejamiento, tratamiento y disposición de aguas residuales, incluyendo el financiamiento, en su caso; y las demás actividades que se convengan con la Comisión y los Organismos Operadores en el ámbito de sus respectivas competencias.

El Director Fundador de la Facultad hizo notar, sin embargo, que la primera fracción del articulo 47 plantea de manera expresa, que la participación del sector privado podrá darse en “La prestación total o parcial de los servicios públicos”, un concepto que abre la puerta al capital privado no necesariamente y no solo para los aspectos relativos al agua.

López Gutiérrez dijo que varios litigantes y asociaciones de abogados, desarrollarán en las próximas horas el formato para que cualquier ciudadano pueda promover el juicio de amparo dentro del margen de 30 días establecido por la ley como límite para combatir la aplicación de la Ley del Agua.