ENSENADA BC 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (AFN).- La Cámara Nacional de la industria de la Transformación (Canacintra) de Ensenada se pronunció en contra de la resolución de la mayoría de los diputados del Congreso del Estado, mediante la cual "se mutila" un total de 168 kilómetros cuadrados de zona costera y tierra adentro al municipio, para entregárselos a Playas de Rosarito.

"No estamos de acuerdo, en virtud de que los legisladores que aprobaron el dictamen lo hicieron sin tomar en cuenta las pruebas que el gobierno municipal de Ensenada y el Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Territorio (GIT), aportaron en tiempo y forma”, señaló el presidente del organismo, Jorge Eduardo Cortés Ríos.

Agregó que hay antecedentes históricos, técnicos y legales que le dan la razón a Ensenada, como el hecho de que Rosarito se escindió del municipio de Tijuana, de donde era delegación, y cuyo límite no debe ir más allá de lo que histórica y legalmente estaba establecido desde que se conformó el Estado de Baja California.

Cortés Ríos señaló que el conflicto "se deriva de una equivocación" de los legisladores locales, cuando en 1995 otorgaron el estatus de municipio a Rosarito dotándole de 17 mil hectáreas que materialmente no existen, ya que se equivocaron en la resta del territorio de Tijuana.

"Es como si un padre decidiera heredar de tres hectáreas a sus hijos a pesar de que solo es dueño de dos, y pretendiera resolver la diferencia despojando al vecino para completar”, comentó.

El dirigente de los industriales refirió que "a todas luces los diputados que aprobaron el dictamen 137 para favorecer a Rosarito, actuaron de mala fe y con toda premeditación, ya que lo hicieron sólo 48 horas antes de terminar su periodo, cuando tuvieron tres años para resolver el conflicto y no lo hicieron para evitar dar la cara a la ciudadanía".

El presidente de Canacintra dijo que están que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid vete la resolución y la regrese a la nueva legislatura, "para que sea analizada con objetividad, imparcialidad, con legalidad, en base a las pruebas técnicas y jurídicas por encima de intereses económicos y políticos".

Aparte, hizo un llamado a las actuales y futuras autoridades municipales para que sean firmes en la defensa jurídica del territorio ante las autoridades correspondientes, y asuman una posición enérgica en lo político.

Expresó que esto es parte del eterno problema de la tenencia de la tierra, donde no hay seguridad real en la propiedad, ya que existen recovecos jurídicos que permiten que se siga despojando al propietario de sus legítimos derechos.