TIJUANA, BC 29 DE DICIEMBRE DE 2011 (AFN).- El edificio de la calle Octava donde por casi 4 décadas funcionó la Comandancia de Policía de Tijuana, no debe ser vendida a particulares sino destinarse a la creación del primer Museo del Policía de la República Mexicana, afirmó Eugenio Carrazco Casillas, presidente de la asociación civil que busca concretar dicho proyecto.

En entrevista  con Agencia Fronteriza de Noticias (AFN), el  comunicador tijuanense refirió que en días recientes, al tener conocimiento de la aprobación que hizo el cabildo en pleno para la desincorporación y posible venta del inmueble conocido como "La 8", en la delegación Zona Centro, a nombre del organismo civil ha manifestado su preocupación de que el Gobierno Municipal "eche en saco roto y haga oídos sordos" a la solicitud que por más de diez años han defendido para rescatar este espacio en beneficio de la ciudad.

La propuesta de dicha asociación, señaló, de crear el "Museo del Policía de Tijuana", inició en junio del 2002 durante la administración del alcalde Jesús González Reyes (2001-2004), cuando se le presentó el proyecto que el 17 Ayuntamiento vio con buenos ojos.

La idea de crear tal espacio museográfico, señaló Carrazco Casillas, nació durante una visita que hizo al Museo del Policía en Chicago, Illinois, Estados Unidos, proyecto que se "nutrió y alimentó" al conocer el funcionamiento y finalidad de los museos que también existen en otras ciudades estadounidenses como Los Ángeles, San Francisco, Las vegas, Nueva York y Miami.

"Está demostrado que el más visitado de los museos de las ciudades principales de Estados Unidos, de arte u otra atracción, es el museo del policía; los contenidos son muy atractivos, y a través de varias generaciones se ha limpiado la historia negra por la historia real, al final los buenos ganaron todas las batallas y finalmente la justicia llegó", comentó.

Un museo para la ciudad

"Lo primero que nos han dicho los expertos, nos han preguntado, es dónde pensamos ponerlo (el museo), y la respuesta es que debe ser en un edificio representativo de la ciudad, que haya funcionado o sido la última sede de la comandancia o jefatura de policía", dijo Carrazco.

El espacio más idóneo, agregó, es el inmueble de dos niveles ubicado en la calle Ocho y la avenida Constitución, que actualmente está sin uso oficial y cuya venta se acaba de anunciar por parte del 20 Ayuntamiento.

"Mientras no se establezca la identidad del policía en forma seria, los agentes no trabajarán al 100%, deben tener el respaldo de la sociedad para que respondan con orgullo", dijo, y esa confianza se puede lograr contando con un espacio donde se exponga el trabajo que a través de la historia ha hecho la corporación en beneficio de sus ciudadanos.

Carrazco Casillas expuso ampliamente las dificultades con las que se han topado durante diez años de "picar piedra" y hacer esfuerzos por sacar adelante el codiciado proyecto, y calificó que es la administración actual, de Carlos Bustamante Anchondo, donde más trabas han encontrado y con el mayor riesgo por la posibilidad de que se pierda un edificio que debe ser conservado para la posteridad y la historia de Tijuana.

"Hicimos la solicitud (al alcalde Bustamante) al tercer día de quw tomara protesta, le dije de nuestro proyecto y qué bueno que estaba él para participar por la comunidad de Tijuana como lo hizo su padre (Alfonso Bustamante), con fuerza y experanza", refirió.

Un año después, agregó, no ha tenido una respuesta formal a la solicitud, y surge la noticia de que el edificio puede ser vendido sólo, porque el alcalde "lo tiene comprometido" por motivos de tipo político y económico.

"Pero el alcalde no es el que manda, somos la ciudadanía, hay un Cabildo que debe votar si conviene o no venderlo, el Ayuntamiento debe decidirlo; pero la respuesta que nos dan es que ya está comprometido ese edificio", comentó.

Entre los interesados, dijo, ha preguntado a varias personas y funcionarios del 20 Ayuntamiento, y le han referido los nombres del empresario Arturo González Cruz, presidente del Club Campestre; de la familia Ruiz Arretche; de la empresa desarrolladora de vivienda URBI, e inclusive del Gobierno del Estado de Baja California, quienes tienen programado construir allí un hospital.