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Imagen y texto: Miguel Cervantes Sahagún

TIJUANA BC 29 DE MAYO DE 2016 (AFN).- La asignación para la mañana del 3 de Octubre de 1990 me la habían dado casi en secreto y en voz baja.
 
"Mañana muy tempranito tienes que ir a Los Pinos pues desalojarán un predio invadido.", fue todo.
 
¿Qué tan tempranito? Pregunté.  
 
-Como a las cinco de la madrugada.  
 
En Tijuana ya se habían registrado grandes y enormes invasiones. Estaban unas en Mesa de Otay, al sur de la ciudad, pero la más significativa había sido la de Camino Verde. 
 
Nunca se habló en serio de que harían cumplir la ley o que la autoridad realmente encabezaría un desalojo para regresar los bienes a sus originales y legales propietarios.
 
Fue la primera registrada en el recién estrenado gobierno panista del país, con Ernesto Ruffo Appel a la cabeza y era importante conocer la aplicación de la ley en algo que los gobiernos priistas fomentaron y como solución sólo aplicaban la negociación sin tomar en cuenta las decisiones de jueces.

 Por eso era importante documentar cómo recuperarían 250 hectáreas en la delegación de Los Pinos.

El delito por el que se les acusaría a los invasores de la loma, aún sin nombre, era despojo, sanción que nunca antes traía consecuencias.
 
Alrededor de las 5 de la mañana ya estaba en la loma y sólo había algunas casas de campaña ubicadas en las  inmediaciones de unas piletas de la CESPT. Nada de policías o actuarios que realizarían el desalojo.
 
Apenas empezó a amanecer y se escucharon los primeros balazos. Decenas de policías judiciales (así llamados en esa década) se aproximaron a los campamentos a literalmente patear traseros, empujar y golpear a los ocupantes y seguir disparando al cielo mientras otros destruían las casas de tela o chozas de madera.
 
La operación judicial la bautizaron "Punta de Flecha", pues la intención era que un grupo de quince agentes entrara en formación de triángulo hasta donde se encontraba el desconocido (a esa fecha) líder Ricardo Montoya Obeso, sacarlo e internarlo en la Penitenciaría del Estado.
 
El operativo debió haber sido rápido con sólo dos objetivos; arrestar a Obeso y montar un perímetro para que no se acercaran los invasores.
 
Sacaron a Montoya como un auténtico "encobijado". Entre tres judiciales lo envolvieron y lo subieron a una camioneta tipo Van, cuyo chofer tuvo dificultad para salir por la cantidad de barrancos.
 
Pero fue mantener el lugar desalojado lo que provocó la primera gran crisis de la administración de Ruffo porque surgieron exageraciones de acontecimientos.
 
Si hubo, acaso, una veintena de golpeados, se reportó la existencia de cientos de ellos graves, víctimas de los balazos de los ministeriales. 
 
Ruffo y su gabinete aprendieron que aplicar la Ley no era tan fácil porque no contaban con la infraestructura gubernamental ni tampoco cultura de la legalidad para implementarla.

Luego se insistió en que mientras Montoya Obeso había invadido terrenos federales, plantearon de que los terrenos estaban en litigio porque familias, como los Medrano ya las consideraban de ellos.
 
El problema se fue disolviendo en favor de los invasores que regresaron a mediados de 1991 a posesionarse y anexar otras hectáreas hasta completar 340, para consolidarse como colonia popular y oficialmente llamada "3 de Octubre".
 
Montoya permaneció varios años en la Penitenciaría del Estado (en su vida fueron varios sus ingresos por delitos de despojo) y Ernesto Ruffo comprendió la dificultad de aplicar la Ley.

El líder que después contendió para varios partidos políticos prometió seguir al gobernador Ernesto Ruffo a las actividades públicas. Una de ellas fue la protesta que realizó en el Congreso cuando junto con el entonces Secretario de Finanzas Eugenio Elorduy tuvo una comparecencia frente a diputados.

Ricardo Montoya Obeso murió el pasado 7 de Mayo en la clínica 1 del Seguro Social siendo todavía activista mientras que Ernesto Ruffo Appel ahora es senador por Baja California
 
La colonia 3 de Octubre sigue siendo una zona precarista a pesar de que cuenta en la mayoría de la zona con los servicios públicos como electricidad, agua, drenajes y pavimentación.