TIJUANA BC 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 (AFN).- La sindicatura procuradora del 21 Ayuntamiento anunció que ha procedido jurídicamente en contra de funcionarios y ex servidores públicos de la administración que encabezó el empresario Carlos Bustamante Anchondo, por distintas irregularidades que encontraron en la ejecución del programa de mantenimiento de luminarias, cuyo costo fue superior a los 120 millones de pesos.

Carlos Escobar y Gerardo Robles, asesor jurídico y director de responsabilidades de esta sindicatura municipal, indicaron que a consecuencia de ello han fijado su atención a 20 funcionarios y ex funcionarios que participaron en distintos desvíos y falsedad en documentaciones, y los han requerido o los citarán para que aclaren tales inconsistencias.

A su vez, señalaron, ya presentaron varias denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y el Ministerio Público Federal, autoridades que darán continuidad al tema y determinarán la situación de los implicados, de los cuales no se quiso dar información “por respeto a las leyes”.

La dependencia municipal dio a conocer que el Ayuntamiento inició con la investigación de la serie de problemas generados en la pasada administración desde marzo del año pasado, y se destacó que demoraron en dar los resultados pues se estudiaron “lámpara por lámpara”, de las diversas colonias de la ciudad.

Más del 50% de las 13 mil luminarias no estaban instaladas, como se argumentó a un principio, dijo Gerardo Robles, por lo que se tuvo que investigar de manera “detallada” desde la entrega de documentación al área de recepción hasta las empresas involucradas.

De los 20 funcionarios señalados como presuntos responsables, Robles manifestó que solamente siete han declarado ante las autoridades, por lo que ahora se encuentran en una pesquisa para dar con el domicilio exacto de los demás, pues el alegato concluye el día viernes, para dar 60 días de plazo para que se emita una resolución.

Durante la investigación, dijo, también se encontró la factura de una tercera empresa ajena a las dos contratadas por la administración municipal anterior, por lo que también se investiga su responsabilidad en estas irregularidades.