TIJUANA BC 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (AFN).- En un hecho sin precedentes, 12 mil residentes de los 16 fraccionamientos que se encuentran en las inmediaciones de la carretera Escénica Tijuana-Ensenada, tendrán el derecho a ampararse contra el cobro de la caseta ubicada en Playas de Tijuana y utilizar la carretera de cuota sin ningún costo.

A través de un comunicado de prensa, los integrantes del "Movimiento No al Cobro para Residentes en la Caseta de Playas de Tijuana" comentaron que el director de la firma TLC Asociados, Octavio de la Torre de Stéffano, quien desarrolló toda la estrategia legal de este caso, les informó que la Juez Tercero de Distrito en Tijuana admitió la demanda de amparo por omisión legislativa y ejecutiva contra el cobro de peaje de la caseta.

Los integrantes del movimiento que preside Mónica Jiménez Serrano, refirieron que desde hace 40 años los vecinos han sufrido "un desfalco anual muy importante", por el pago de los peajes para poder entrar a sus domicilios; actualmente este agravio financiero lo calculan por el rubro de los 4 millones 800 mil pesos.

La resolución del Juez, se explica en el comunicado, es por la omisión dentro del artículo 30, primer párrafo de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, “por lo que el amparo se interpone con el propósito de restituir a los afectados en su derecho humano al libre tránsito, que se han visto afectados desde hace años por el pago de peaje en la caseta de cobro en dicha autopista”, esto al no tener otro punto de acceso para los residentes.

Los vecinos aseguraron que este cobro obligado se ha convertido en un inhibidor del desarrollo turístico e inmobiliario de la Escénica Tijuana-Ensenada ya que distintos proyectos se han visto frenados debido a que no existe el libre tránsito.

Finalmente, el abogado Octavio de la Torre de Stéffano, mencionó que los representantes de los residentes que se sumaron al amparo consideran que las autoridades les resolverán a su favor, ante la presentación de esta estrategia que contiene los elementos suficientes para acreditar el interés jurídico, esencialmente documentales públicas, y en su mayoría informes de las autoridades administrativas involucradas.

Será en las próximas semanas que se celebrará la audiencia constitucional, momento en el cual, si todas las autoridades han rendido su informe, podría emitirse la sentencia que decida sobre el amparo interpuesto.