Tijuana BC 7 de julio de 2015 (AFN).- La nueva Ley de Transparencia de Baja California deberá contemplar sanciones más severas y un mecanismo que obligue al cumplimiento de las mismas, afirmó la consejera ciudadana Elba Estudillo, al señalar que estas amonestaciones no podrán ser pagadas con dinero del erario público.

La representante del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública aseguró que otro de los retos de esta Ley es la difusión de la misma, ya que muchas personas ni siquiera saben que existe.

Insistió en la importancia de que las sanciones a quienes incumplen sean verdaderamente ejecutables contra el sujeto obligado.

Resaltó que actualmente sólo periodistas y personas muy relacionadas con la función pública son las que se acercan al instituto para solicitar información, de ahí la necesidad de promoverla al grueso de la población.

Por su parte, el diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides reiteró que es importante que la transparencia sea una herramienta efectiva contra la corrupción.

El legislador destacó que se debe insistir para que los funcionarios hagan pública su declaración patrimonial de jefe de departamento hasta funcionarios de elección popular.

Destacó que no se debe permitir que los funcionarios públicos hagan uso de los recursos públicos como si fuera un patrimonio personal.

Cardona Benavides dijo que actualmente en otras entidades de la república hay convenios con oficialía mayor para que las sanciones impuestas a los funcionarios sean descontadas de su nómina directamente.

"Tenemos que pegarles en el bolsillo que es donde más les duele para que cumplan con las solicitudes de transparencia", añadió el diputado.

Por su parte, Elba Estudillo también manifestó que en muchos casos se necesita capacitar a los funcionarios en diversos temas como sistemas de archivos, porque en ocasiones no cumplen con las solicitudes simplemente porque no tienen archivos adecuados y no tienen la información que se les solicita, lo cual también significa una omisión de su parte.