Mexicali BC 4 de julio de 2015 (AFN).- Como una medida de protección a las escuelas de la entidad, la diputada local Irma Martínez Manríquez presentó una iniciativa de reforma para sancionar severamente el robo cometido en contra de instituciones y centros educativos.

La legisladora, del Partido Nueva Alianza, expuso que pretende establecer una hipótesis adicional para el delito de robo calificado, y de esta manera se adicionaría una fracción IX al artículo 208 del Código Penal del Estado para equiparar la pena que se aplica a ese delito, cuando la conducta se cometa dentro de instituciones educativas y sean sustraídos bienes muebles destinados a dichas actividades, tales como instrumentos o equipos que se encuentran fuera de lugar cerrado, como es el caso de los aparatos de aire acondicionado, el cableado, entre otros.

"Los delincuentes han encontrado en las escuelas de Baja California, sobre todo durante el periodo de receso escolar o vacacional de verano en el que los planteles permanecen con escasa vigilancia, el sitio ideal para cometer robos que impactan negativamente en la infraestructura física y, generalmente, en el patrimonio con que cuenta la comunidad educativa", mencionó.

Por ello, la propuesta busca proteger bienes como lo son proyectores inalámbricos, pizarrones electrónicos, enrutadores inalámbricos, equipos de laboratorio y de música, banda de guerra, y en general, toda la infraestructura tecnológica y científica con que cuentan los planteles de todos los niveles educativos tanto públicos como privados.

Martínez Manríquez afirmó que, en su partido, existe la pretensión de proteger con la ley el patrimonio escolar y evitar la afectación de los servicios educativos que presta el Estado; aparte de que considera que atentar contra el derecho a la educación de los niños y jóvenes, es atentar contra una actividad estratégica del Estado mexicano, por lo que las leyes deben castigar esta conducta con severidad.

Destacó que los tres niveles de gobierno han realizado esfuerzos para dotar a las escuelas con los elementos necesarios para el desarrollo de la enseñanza, y que todo esto se efectúa con la participación y aportaciones de los padres de familia, por lo cual es obligación de los legisladores crear normas jurídicas precisas para proteger los bienes destinados a ese sector tan importante para el desarrollo de la sociedad.

Al respecto, resaltó que en el caso de la ciudad de Mexicali, durante los periodos de vacaciones y de receso se sufre un severo menoscabo patrimonial por el robo del cableado y los equipos de aire acondicionado instalados en las escuelas, lo que implica serios retrasos en el inicio de clase al abrir el ciclo escolar.

Refirió que la gravedad de este tipo de robo consiste en que sitúa a los centros escolares ante la imposibilidad material de impartir clases en condiciones climáticas tan adversas como las que, año con año, se registran en la capital de la entidad.