*.- Emiten recomendación pública por violar derechos de contribuyente
Tijuana BC 27 de abril de 2015 (AFN).- Por parte de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) delegación Baja California, se emitió la Recomendación Pública 01/2015, en contra de Francisco Iván Beltrones Burgos, titular de la administración local de servicios al contribuyente de Tijuana, del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por violar gravemente los derechos fundamentales de un contribuyente.
En un escrito, dicha instancia federal señaló que se trata de una queja interpuesta por el representante legal de una reconocida plaza comercial en esta ciudad de Tijuana, Baja California, a la cual el SAT le exige el cumplimiento de obligaciones fiscales bajo un régimen al que no estaba sujeta (Régimen General de Ley de las Personas Morales), a pesar de que desde 1999 realizó la aclaración correspondiente en los sistemas del SAT.
Ivan Curiel Villaseñor, delegado de Prodecon en Baja California, declaró que este tipo de acciones son dañinas para la sociedad y desalientan al cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales, y que en el caso concreto el contribuyente demostró fehacientemente que desde hace más de 15 años presentó el aviso que hoy desconoce el SAT, y que dicha autoridad lo sigue sancionando bajo el único argumento que la presentación de dicho aviso no figura reportado en sus sistemas informáticos.
La Procuraduría precisó que dentro de las gestiones que se llevaron a cabo durante la presente queja, ante la evidente violación de derechos suscitada, se planteó el caso al área central del SAT, específicamente a la administración general de servicios al contribuyente, sin que se hubiere encontrado la voluntad de resolver este problema, según dicho escrito.
En la recomendación referida, se exhorta a Beltrones Burgos a reconocer, incluso con efectos retroactivos, el cambio de la situación fiscal del contribuyente, y en consecuencia, abstenerse de emitir requerimientos y multas por incumplimiento a declaraciones a las que legalmente no se encuentra obligada.
La Prodecon considera indispensable, se informó, que las autoridades fiscales observen y den plena vigencia con sus actuaciones a lo dispuesto en el artículo 1° Constitucional, que las obliga a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.