Tijuana BC 18 de diciembre de 2014 (AFN).- Esta mañana, integrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) alertaron a los mexicanos deportados sobre posibles fraudes o engaños de los que pudieran ser víctimas, sin que puedan tener los beneficios de la acción ejecutiva denominada “Alivio legal” que anunció el presidente de los Estados Unidos Barack Obama.

Los abogados de la ACLU explicaron que agentes de la Patrulla Fronteriza han estado presionando a indocumentados para que firmen su salida voluntaria y así deportarlos de una manera rápida, sin advertirles sobre sus derechos, ya que pueden consultar un abogado y acudir a una audiencia.

  Además recordaron que la ACLU interpuso una demanda colectiva para prevenir estos casos, debido a que creen que miles de ciudadanos mexicanos con profundas raíces en la Unión Americana fueron mal informados para que renunciaran a su derecho a una audiencia justa y a la oportunidad de permanecer legalmente en aquel país.

  Mientras que la acción ejecutiva presidencial no proporciona ninguna posibilidad de regresar a territorio estadounidense a mexicanos deportados que actualmente se encuentran en México, un acuerdo histórico de la Unión de Libertades podría ofrecer una manera de regresar a algunos de los que firmaron una forma de salida voluntaria.

  Ellos son ciudadanos mexicanos que firmaron formularios de “salida voluntaria” entre el 1 de junio del año 2009 y el 18 de agosto del 2014 y tuvieron ciertos motivos razonables para residir en EU legalmente, además de que fueron procesados por agentes de la Patrulla Fronteriza del sector de San Diego o por elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de las oficinas de campo de San Diego y Los Ángeles, en California.

  Dentro de la conferencia, presentaron el caso de Isidora López Venegas, una madre de familia que fue arrestada y presionada  para firmar su salida voluntaria sin que le hubieran advertido sobre sus derechos: “sólo me dijeron que si no firmaba me iba a quitar a mi hijo, y yo a prisión por meses o años”, además de que la separaron de sus otras dos hijas, las cuales se quedaron en territorio norteamericano.

  López Venegas reclamó la actitud de los agentes federales que por horas la estuvieron presionando al igual que a otras personas que también habían sido aprehendidas sin documentos legales.

  En su caso, tenía viviendo en el vecino país del Norte por más de 10 años, pero de manera indocumentada, en tanto que su hijo sí era ciudadano de los Estados Unidos, por lo que buscó la manera de regresar a ese país para reunirse con sus hijas y su pequeño para que continúe sus estudios en el lugar que nació.

Los integrantes de la ACLU resaltaron que un juez federal aprobó preliminarmente una definición de quién puede ser considerado con las características para incluirse en la demanda colectiva y llevará a cabo una audiencia para la aprobación final el día 9 de febrero del próximo año; si aprueba la definición, establecerá un periodo de 120 días para notificar la comunidad afectada acerca del acuerdo.

Después del tiempo referido, dará otro plazo de 180 días para que los miembros de la demanda puedan aplicar para regresar a EU y tener la oportunidad de buscar su estatus legal.