Tijuana BC 25 de noviembre de 2014 (AFN).- Defensores de los derechos humanos exigen a las autoridades municipales y estatal, además del Congreso del Estado,  que se respeten las garantías de derechos humanos y constitucionales de personas del mismo sexo que han solicitado casarse por lo civil, lo que les ha sido negado pese a las disposiciones dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por medio de un oficio dirigido tanto al Gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid; como al Procurador de lo Derechos Humanos del Estado, Arnulfo de León Lavenant; a los integrantes de la 21 Legislatura estatal, además de los presidentes municipales y síndicos procuradores de los cinco municipios; se denunció "la violación a los derechos humanos de las personas del mismo sexo solicitantes de matrimonio civil", y que se ha incurrido en diversas omisiones al respecto.

A nombre de los firmantes, el director ejecutivo de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, Raúl Ramírez Baena; recuerda a dichas autoridades que tienen deberes legales inscritos en la Constitución, de que como son garantes de los derechos humanos, deben "resarcir las violaciones a los derechos a la igualdad y a la no discriminación conculcados a dichas personas".

En la petición, la referida Comisión refiere que con base en una publicación con fecha del 25 de junio de 2014, la SCJN, máximo tribunal del país declaró inconstitucional el Artículo 7 de la Constitución Política de Baja California así como el Código Civil estatal, al concebir al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, ya que se excluye a las parejas del mismo sexo.

"La SCJN agregó que la función reproductiva o perpetuación de la especie así como la formación de una familia no es la finalidad del matrimonio, ´en tanto cada persona determinará cómo desea hacerlo, como parte de su libre desarrollo de la personalidad, sea bajo la figura del matrimonio, heterosexual o no, o de otro tipo de uniones, como personas solteras, cualquiera que sea su preferencia sexual´”, se expone.

A esto se suma, aregan en el documento, que la misma Constitución garantiza el derecho a la igualdad y a la no discriminación de todas las personas; impone principios, obligaciones y deberes a todas las autoridades; deja en claro el papel del Estado Mexicano como garante de los derechos humanos "sin esperar a que se los ordene un juez"; y otorga la máxima protección a los derechos humanos en México estableciendo que las personas no tienen necesidad de recurrir al juicio de amparo para proteger tales derechos.

"Por lo anterior, es deseable pero no necesario reformar el Artículo 7º de la Constitución de Baja California y el Código Civil para que las autoridades del Registro Civil protejan los derechos de todas las personas solicitantes del matrimonio civil, sin importar su orientación sexual; es decir, no es necesario esperar a que las reformas se concreten", refieren los firmantes.

Critican a funcionarios

Los defensores de derechos humanos criticaron a los secretarios del 21 Ayuntamiento de Mexicali y del 21 Ayuntamiento de Ensenada, quienes han impedido a parejas gay que contraigan matrimonio civil, con el argumento de que no se ha modificado la Constitución de Baja California ni los códigos civiles locales, y que tal resolución de juzgados federales sólo aplican para las parejas solicitantes y no otras parejas del mismo sexo.

"Los funcionarios municipales mencionados, que anticipan la violación al derecho a la unión civil de las parejas del mismo sexo, parecen desconocer los principios, obligaciones y deberes inscritos en el Artículo 1º Constitucional, así como el alcance vinculatorio de la reforma en materia de derechos humanos y de la jurisprudencia de la SCJN; además, pretenden aplicar la ley a partir de criterios por demás prejuiciosos o simplemente por cumplir órdenes de autoridad superior, todo ello en perjuicio del derecho a la igualdad y a la no discriminación de las personas de orientación homosexual", advierten los activistas.

En el caso de Mexicali, se agrega, evaden la resolución judicial al no celebrar el matrimonio de una pareja gay, programado para el 21 de noviembre pasado, presumiblemente para alargar el acto oficial y por ello pueden incurrir en desacato de la orden judicial dictada por la SCJN. 

Por lo descrito, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste pide que, para dar mayor certeza a la actuación de las oficinas del Registro Civil en la entidad, el Estado y el Congreso local promueva y aprueben en lo inmediato, para protección de los derechos humanos de personas del mismo sexo interesadas en contraer matrimonio civil, las reformas al Artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California y sus correlativos en el Código Civil estatal.

Además, a los presidentes municipales, en tanto se realizan estas reformas legales, se pide instruir al personal del Registro Civil a dar trámite en tiempo y forma a las solicitudes de matrimonio civil de estas parejas que reúnan los requisitos de Ley como son edad, documentación, pago de derechos, examen médico y otros; mientras que el Procurador de los Derechos Humanos reciba el escrito en vía de queja y emita una recomendación a las autoridades correspondientes; y los síndicos procuradores de Mexicali y Ensenada, reciban el presente escrito en vía de queja y emitan la resolución correspondiente que salvaguarde el derecho de las parejas que quieren casarse por el civil.