*.- Ex académico de UABC participa en audiencia de la CIDH en Washington, EU

Tijuana BC 31 de octubre de 2014 (AFN).- Daniel Solorio Ramírez, ex académico de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), a nombre de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), de la cual es  director jurídico, participó en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar el tema de la impunidad que impera en esta entidad mexicana, sobre casos de tortura y desaparición forzada de personas, y las fallas del denominado Nuevo Sistema de Justicia Penal.

En la audiencia pública, realizada en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos, Solorio dijo que no hubo representación del gobierno de Baja California, "donde se implementa el mando único policial que ha motivado esta serie de violaciones a los derechos humanos", se indicó mediante un comunicado de la CCDH.

"El Estado Mexicano ha quedado confeso de incapacidad para resolver el problema de violaciones terribles a derechos humanos con motivo de las ejecuciones extrajudiciales, torturas, desaparición forzada de personas y falta de acceso a la justicia. Por el gobierno federal comparecieron Lya Limon, Emilio Gamboa, Iliana Garcia, Gomez Robledo y otros. Por el gobierno de Baja California nadie. No le interesa a Kiko Vega que su gobierno sea acusado en el plano internacional de violar los derechos humanos,..?", se expone en dicho escrito.

La ponencia de Solorio Ramírez, con fecha de 30 de octubre de 2014, que expone el caso "México-Baja California (Tortura, desapariciones forzadas, falta de acceso a la justica (sic), impunidad)", se presentan siete apartados sobre diversos rubros, entre ellos: Que esta entidad "es un ejemplo de la impunidad que enseñorea todo el país por las deficiencias del sistema jurídico, la corrupción, la tortura con propósitos simulados de investigación (con o sin arraigo decretado por un juez), las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales (solución final) cometidas de manera sistemática y generalizada por agentes del Estado o con aquiescencia de estos".

Que los casos que se han documentado por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil que representa, refieren hechos cometidos que violan el Derecho Internacional "por agentes del poder público en contra de la población vulnerable"; entre ellos pequeños comerciantes, jubilados, campesinos, pescadores y amas de casa; "para simular un combate eficiente en la inconstitucional Guerra contra las Drogas del sexenio 2006/2012, incluyendo ataques contra policías estatales y municipales mediante ejecuciones extrajudiciales o despidos injustificados, irreparables con motivo de la reforma de 2008 al artículo 123, apartado B, de la constitución nacional que prohibió la reinstalación de los agentes de seguridad pública".

Refiere como un caso "paradigmático", que 25 policías municipales de Tijuana, mandos medios principalmente, fueron arraigados en el 28 Batallón de Infantería "donde fueron torturados por militares, quienes luego de más de 15 meses de prisión y largos procesos judiciales fueron liberados, sin ser repuestos en sus funciones, ni cumplido el acceso a la justicia, ni a la reparación integral a que tienen derecho ellos, sus familias y la sociedad tijuanense a la que sirven". 

Sobre lo que denomina "Sistema Penal Adversarial", que opera desde hace más de tres años en Mexicali, mientras que en Playas de Rosarito, Tijuana, Ensenada y Tecate sigue vigente el sistema tradicional, afirma que esto "provoca el conflicto de haber dos códigos aplicables en el ámbito estatal, a lo que se suma la tradicional confusión por la doble jurisdicción penal (estatal y federal) que permite a las autoridades investigadoras (ministerios públicos y policías) tener siempre a la mano un pretexto para no actuar. En este esquema se inscriben las desapariciones forzadas de personas, ligadas o no al narcotráfico, cometidas por agentes de la autoridad o con su aquiescencia".

Señala además que hace cuatro años que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California, presionada por cientos de familiares de personas desaparecidas, creó una Fiscalía Especial para Desapariciones Forzadas, la que "languideció muy pronto por falta de recursos y de voluntad política del gobierno estatal". 

Por lo anterior, agregó, los familiares aprovechan una reciente reforma sobre derechos humanos de 2011 "para responsabilizar a los jueces federales de impulsar la búsqueda de las personas desaparecidas, mediante mecanismos de amparo que si bien no son eficientes, al menos permiten documentar el incumplimiento de la autoridades investigadoras".

En el séptimo punto, se informa en el escrito, denuncia "que los jueces de todo rango se niegan a cumplir los deberes que les impuso la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, alentados por la propia SCJN (Suprema Corte de Justicia de La Nación), que ha dado marcha atrás a su jurisprudencia del Caso Rosendo Radilla ante el temor de no poder controlar a los jueces inferiores".