*.- Afirman familias de afectados
*.- “Hacen uso de triquiñuelas y de baches en la ley para extender el juicio de desalojo”: abogado defensor

Tijuana BC 23 de octubre de 2014 (AFN).- Las empresas denominadas “Verificentro 2001 SA de CV” y “Servicontrol Atmosférico SA de CV”, procedentes de la Ciudad de México, pero radicadas en Tijuana, enfrentan una denuncia civil y un juicio por desalojo debido a un adeudo por concepto de rentas vencidas que asciende a un monto cercano a los 64 mil dólares, u 832 mil pesos, resultado de varios meses, los cuales “no quieren pagar”.

De acuerdo a la versión aportada por uno de los afectados, de nombre Omel Reynoso Álvarez, quien –en entrevista exclusiva con Agencia Fronteriza de Noticias (AFN)- dijo representar a su padre y a su tía, los cuales son dueños de los dos predios alquilados a las empresas en mención desde 2010, ubicados uno en la Garita de Otay y otro en la Zona Centro, y que ahora se veían en la deplorable situación de no poder recuperar ni su dinero ni sus predios, manifestó que “no les quedó otra más que demandar”.

Hizo saber que sus familiares –que son personas de edad avanzada- presentaron dos denuncias por la vía civil ante los Juzgados 1º. y 3º, y con número de expedientes 1174/2014 y 1176/2014, debido a que los arrendatarios no han querido cumplir con el contrato de arrendamiento durante los 3 años transcurridos y que pese a que incluso, a partir de un convenio en 2013, les hicieron una rebaja considerable de hasta por 6 meses, aún así, se niegan a cumplir dándoles largas y mofándose a su vez de la situación.

Reveló que inicialmente creyeron haber llegado a un acuerdo, pues subsanaron los verificentros en 2014 los pagos correspondientes a enero y febrero, pero a partir de marzo a la fecha nuevamente dejaron de pagar, sin ofrecer una razón justificada y refiriendo solamente que “la poca actividad de sus negocios era culpa del gobernador Kiko Vega, debido al plazo de verificación que dio por 100 días”.

El entrevistado, aseguró que tanto él como su familia estaban hartos de las triquiñuelas y argucias legales que han inventado “estas empresas chilangas”, para aprovecharse de empresarios tijuanenses a los que “les hablan bonito y luego los defraudan”, abusando así de la confianza y también de los “baches” que existen en la ley.

Pese a que la demanda que interpusieron sigue su curso y podría tardar unos seis meses en arrojar los primeros resultados, el afectado optó también por hacer un llamado a las autoridades tanto estatales como municipales, para que revisen las condiciones en los que al menos 17 verificentros se encuentran operando en el Estado de Baja California.

“Hacen uso de triquiñuelas y de baches en la ley para extender el juicio de desalojo”

Por su parte, el abogado defensor de la familia, Alfredo Mandujano Álvarez, manifestó –también en entrevista- que aunque “la razón les asiste a sus representados” y que en el futuro podrían posiblemente ganar el juicio a su favor, el problema, en cambio, podía tener un trasfondo superior, pues “se trata de prestanombres que actúan al margen de la ley, protegidos por políticos, quienes probablemente sean los dueños de la concesión –de los verificentros-”. 

Dijo que se trata de personas que no tienen solvencia moral ni económica por ningún lado y que desafortunadamente, se han tenido experiencias así con supuestos empresarios del Distrito Federal –como en este caso-.

Refirió que este claro uso de “triquiñuelas o abuso de baches en la ley”, tenía la única intención de hacerlos gastar más dinero, a sabiendas que las familias se quedan poco a poco sin recursos, para poder continuar trabajando sin que se les pueda cobrar ni desalojar.

Por último, ambos hicieron un llamado al gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, para que revise a fondo el tema de los verificentros instalados en la entidad, dado que como en este caso las empresas “lo culpan a él” de que no tengan ingresos y a su vez, lo utilizan de pretexto para no pagar y estafar a familias de bajacalifornianos.