Tijuana BC 20 de abril de 2014 (AFN).- Cifras alarmantes son las que recién anunció el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Raúl Plascencia Villanueva en lo relativo a la impunidad que persiste en torno a casos de crímenes y agravio a periodistas, a la que le asigna un 89% de ilegalidad.

 

Esta información la enmarcó en el incremento a las agresiones en perjuicio de periodistas que durante los últimos años se han disparado. Acusó en su declaratoria que el índice de impunidad de casi noventa por ciento es debido a que las autoridades Ministeriales están incumpliendo con su obligación de investigar.

 

Precisó que del total de casos que se conocen relativos a asesinatos y desapariciones de periodistas así como atentados a medios de comunicación, sólo un 19% se habrían consignado ante un juez y de ellos sólo un 10% culminaron en sentencia condenatoria. Lo que arroja por consecuencia el 89 por ciento restante.

 

La CNDH emitió su recomendación general número 20 en agosto de 2013, en la que advirtió estas cifras y dentro de la cual destacó también que las autoridades encargadas de la seguridad pública tampoco han logrado en este rubro inhibir a los agresores o desarrollar políticas en materia de prevención de delito, tendientes a impedir la violencia que aqueja al gremio.

 

De 2000 a la fecha, CNDH ha tenido conocimiento de la muerte de 88 periodistas o trabajadores del sector periodístico, asesinados, presumiblemente, por razón de su trabajo; también, de 2005 a la fecha, documentó la desaparición de 20 profesionales de la información, y de 2006 a la fecha se registraron 41 atentados a instalaciones de los medios de comunicación en 24 estados de la República.

 

Plascencia Villanueva expuso que “Esto constituye actos que vulneran los derechos humanos a la vida, la integridad y la seguridad personal; así como a la seguridad jurídica y, como consecuencia, dañan seriamente la libertad de expresión”.

 

En la Recomendación General número 20, la CNDH solicitó al Secretario de Gobernación, gobernadores, Jefe de Gobierno del Distrito Federal; al Comisionado Nacional de Seguridad; secretarios de seguridad pública de los estados; Procurador General de la República y los procuradores generales de justicia de las entidades federativas, entre otras cosas:

 

“Garantizar las condiciones de seguridad y prevención suficientes, a fin de que el desempeño de los comunicadores no se vea coartado ni amenazado por circunstancia alguna; implantar las políticas públicas tendentes a garantizar su seguridad, especialmente para quienes cubren situaciones de riesgo” afirmó.

 

“Así como promover adiciones y reformas necesarias a las leyes y capacitar en materia de derechos humanos y libertad de expresión a los servidores públicos” agregó.

 

Finalmente, el presidente de la Comisión realizó un exhorto a las autoridades involucradas en hechos de agravio como estos, para que integren indagatorias eficaces, “agoten todas las líneas de investigación” e implementen de manera permanente las medidas indicadas para impulsar un combate frontal a la impunidad, a fin de que estos hechos no se repitan y se resuelvan las averiguaciones previas existentes a la brevedad.