México DF 15 de abril de 2014 (lasillarota.com).- Senadores del PAN y del PRI respaldaron la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sendas controversias constitucionales contra Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Sonora, por incumplir la reforma constitucional en materia educativa.

 

Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación, apuntó que el Ejecutivo cumplió con su deber político, ético y jurídico, porque la Ley Suprema de la Unión es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes generales, en este caso, la Ley General de Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente, que están en jerarquía superior a las legislaciones de esas entidades.

 

El legislador del PAN afirmó que las leyes educativas de estos estados contravienen la Constitución, por lo que el presidente Peña Nieto hizo lo necesario y lo correcto.

 

“El Presidente está actuando con ética y con legalidad y la Corte es la que determinará lo que proceda. En una revisión preliminar da la impresión de que estas legislaciones excedieron y contravienen lo que la reforma general establece.

 

“De primera impresión, da la opinión inicial de que no están en la letra y en el espíritu de la reforma aprobada por el Constituyente Permanente y por el Congreso de la Unión.”

 

Por su parte, el coordinador de Acción Nacional y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jorge Luis Preciado Rodríguez, calificó de acertadas estas controversias y criticó a los gobernadores de esas entidades, por desacatar la Ley Suprema.

 

“Entonces, creo que es acertada la controversia que plantea el Ejecutivo y yo espero que la Suprema Corte lo resuelva y lo resuelva rápido, y obligue a los congresos estatales a que armonicen las leyes locales con la Constitución.

 

“El jefe del Congreso es el gobernador del estado; es lamentable que se escuden en los diputados, cuando de antemano sabemos que son los propios ejecutivos estatales los que dan la instrucción.”

 

Mely Romero Celis, del PRI e integrante de la Comisión de Educación, opinó que el primer mandatario actuó responsablemente, pues se dio un plazo a los 31 estados del país y al Distrito Federal, de seis meses, para que armonizaran sus leyes locales con la reforma constitucional en materia educativa.

 

“Actuó conforme a su responsabilidad, a mi entender, y si él ya tomó la decisión de que se debe proceder de esta manera, él debe tener todos los elementos para hacerlo.”

 

La víspera, el Ejecutivo, a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia, interpuso cuatro controversias constitucionales ante la Corte para armonizar la reforma educativa con leyes estatales.

 

Se promovieron controversias constitucionales contra los poderes ejecutivos y legislativos de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Sonora.

 

En el caso de Oaxaca, el recurso jurídico es por la omisión total de lo dispuesto en la Constitución, en materia educativa. 

 

Los casos de Chiapas, Michoacán y Sonora se promovieron porque diversos artículos de las legislaciones locales en esta materia no armonizan con lo dispuesto en la Carta Magna.