TIJUANA BC 19 DE JULIO DE 2011 (AFN).- La empresa trasportista de Altisa fue señalada por otras del ramo, de transitar por la ciudad con unidades de alto riesgo para los pasajeros y sin portar permiso o concesión alguna por parte del XX Ayuntamiento de Tijuana para trabajar.
Su proceder sin normas, dice Arturo Aguirre líder transportista, se basa en un conocido refrán mexicano: “como la ley de Herodes” (o te chin.. o te jod…), ya que los choferes de ese grupo toman rutas que corresponden a otras empresas, “ellos dicen, yo quiero irme por esta calle y por esa calle me voy…” recriminó.
Aguirre, aclara que amparados en una suspensión otorgada por un magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), que sitúa a Altisa dentro de un marco jurídico, transitan esas unidades sobre las calles de Tijuana brindando un servicio de manera irregular.
Dicha suspensión les fue concedida en el año 2008 por autoridades del TCA en la administración de Jorge Ramos Hernández, sin embargo, las empresas transportistas denuncian y se muestran en total desacuerdo con esto, alegando que la única manera viable de obtener permisos y concesiones es a través de los regidores y el Cabildo.
El transporte organizado de Tijuana, conformado por el resto de las empresas de la ciudad, exceptuando al grupo Altisa, por lo tanto, hizo público su descontento con el actuar de dicha compañía, mediante un desplegado publicado en algunos medios impresos el pasado 12 de julio.
Arturo Aguirre, explicó que lo anterior se debe al disgusto que existe porque por encima del crecimiento económico, el bienestar de la ciudad y la iniciativa de proyectos que beneficien a Tijuana, Altisa ha decido exigir, lo que ellos llaman, su derecho a trabajar sin un respaldo jurídico al igual que las demás compañías.
Lo anterior, ha desencadenado una serie de actos arbitrarios que son sustentados legalmente, como en el caso de la compañía de trasportes a la que fue otorgada una suspensión con la intención de que pudiera seguir trabajando.
Sin embargo, en el afán de hacer valer sus “derechos”, entre los bloqueos de calles, mítines que terminan en golpes, servicios deficientes y unidades que ponen en riesgo la vida de los tijuanenses. Es más que evidente que la ciudadanía es la más afectada.
