*.- El 70 por ciento de quienes beben alcohol lo hacen de “envase cerrado”
*.- Accidentados revelaron haber bebido en casas o comprado en “aguajes”
*.- La comisión de Puntos Legislativos analizará el tema y decidirá

El 70 por ciento de las personas que ingieren bebidas alcohólicas lo hacen de “envases cerrados” o sea que los adquieren de particulares que no operan “horas extra” y los consumen en sus casas o en vía pública, según un sondeo que realizaron empresarios locales para fundamentar su petición sobre este tema, ante el Congreso de la entidad.

Esto y el hecho de que accidentados entrevistados por la casa encuestadora contratada para tal efecto, afirmaron haber provocado y/o sido objeto de accidentes “antes de las doce del día”, fueron parte de los argumentos presentados por el alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante Anchondo, frente a integrantes de la Comisión de Puntos Legislativos del Congreso local, que en breve determinará y presentará un “punto de acuerdo” sobre el tema al Pleno del Congreso.

Esto lo dijo a AFN el presidente de la Cámara de Comercio local y presidente de la Federación Estatal de Cámaras, Mario Escobedo Carignan, que fue uno de los hombres de negocios que acompañó al munícipe, en su entrevista con legisladores en la capital del Estado, lo mismo que César Escandón del área de restaurantes y Mariano Escobedo, presidente del Comité de Turismo y Convenciones.

Escobedo refirió que la intención de hablar con los diputados es para resolver de fondo este tema que ha sido manejado más con “otros intereses”, ya que no se ha demostrado a la fecha la relación que existe entre los accidentes sangrientos y la operación de horas extra.

Inclusive, refirió Escobedo que ni si quiera se presentó un estudio sobre los efectos reales de la venta de bebidas alcohólicas en bares, antros y restaurantes, ni la relación que éstos tienen en la incidencia de accidentes fatales.

“Simplemente se aprobó fast-track, cuando todavía había tiempo para que el tema fuera revisado debido a que las licencias de venta de alcohol, tienen vigencia hasta el 31 de marzo próximo.

Resultó “rarísimo”, calificó, ya que para cancelar las horas-extra “no consultaron a ayuntamientos, no consultaron a la Comisión de alcoholes, no consultaron a los empresarios ni tampoco se presentó un estudio que determinara el impacto”, dijo el empresario.

Escobedo señaló que el alcalde Bustamante Anchondo fue apoyado con información y con los representantes empresariales que participan dentro de la Comisión encargada del tema, para hacer su presentación ante los diputados, en torno a la petición de que se revise el tema.

Dijo que en una encuesta realizada por ellos, se determinó que en bares y cantinas se consume menos del 6 por ciento del alcohol que se ingiere; en general, en envase abierto en bares, cantinas y restaurantes es del 30 por ciento, en tanto que el 70 por ciento se vende en envase cerrado, o sea de permisionarios que no operan horas extra.

El 70 por ciento de las personas que visitan “antros” acostumbran el “after” o sea el consumir bebidas alcohólicas en casas, tras el cierre de los lugares. Ante esto, dijo “el cambiar la Ley no va a cambiar las costumbres”.

Luego comentó que la “lógica” indica que si se cierran más temprano los antros, disminuirán los accidentes, sin embargo refirió que al consultar a cien accidentados de los últimos días en la Cruz Roja, sólo ocho dijeron haber consumido alcohol y esos mismos ocho advirtieron que se accidentaron antes de las doce del día.

Consideró que tal vez no sea un estudio científico “pero si es un indicador sobre todo cuando no hay un estudio a fondo sobre el tema que demuestre su verdadero impacto”. Aseguró que si se demostrara que el cancelar la venta de alcohol salvara 20 vidas “no tendríamos ninguna objeción” pero insistió en que esto no ha sido confirmado por la autoridad, de manera fehaciente.

Escobedo refirió que esperarán a la resolución de la Comisión de Puntos Legislativos y luego del Congreso, sin embargo comentó que la principal solicitud en la reunión de este día en Mexicali, fue que se permita “a los ayuntamientos decidir porque éstos son mayores de edad”.