*.- COCI inicia un juicio de garantías y solicita amparo para revertir reformas

TIJUANA BC 16 DE ENERO DE 2022 (AFN).- Con Ricardo Iván Carpio Sánchez a punto de convertirse en fiscal Estatal, cuando sea votado por el Congreso de Baja California, y con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda en recuperación de su trabajo de parto, el gremio de abogados (particularmente en Tijuana) está "convulsionado" con acciones de última hora por el proceso del que deberá surgir el sucesor de Juan Guillermo Ruiz Hernández, primer fiscal Estatal de la entidad.

No obstante que se sabía que debía ser nombrado un nuevo fiscal, y que para eso se modificaron la Constitución local y la Ley Orgánica de la dependencia a fin de que Iván Carpio entrara al gabinete (tras ser retirado sin siquiera lograr la titularidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana), los abogados no actuaron en consecuencia, y quienes lo hicieron fue para promover a candidatos de su simpatía.

Ahora, ante el inminente nombramiento que sólo depende de que el Congreso llame a sesión extraordinaria para tal efecto (y que pudiera ser en las siguientes horas) surgieron acciones que quisieron hacer más contundentes, y otras reacciones, de por lo menos tres entidades de litigantes.

Por lo que se refiere al Colegio de Abogados "Emilio Rabasa" parecen haber dado marcha atrás en su campaña para situar como fiscal estatal al abogado Francisco Castro Trenti, ya que emitieron un nuevo y breve comunicado en el que ya no amenazaban con impugnar.

Un documento enviado durante la semana por parte de ese grupo de litigantes advertía que estarían presentando una impugnación por la terna que sometió ante el Congreso la gobernadora, ya que en su opinión no cubría el perfil que habían estado exigiendo.

Reclaman, asimismo, las reformas que se hicieron a la Constitución local y a la Ley Orgánica de la fiscalía para nombrar a un fiscal "a modo".

Durante el fin de semana, el mismo Colegio le reconoció a la gobernadora haber enviado la terna para designar al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado y aprovechó para exhortar al Congreso de Baja California que, de acreditarse los requisitos de elegibilidad, sea designado quién resulte "la mejor propuesta". Concluyeron señalando que, como Colegio de abogados, seguirán pugnando en todo tiempo y momento "por la preservación del Estado de Derecho". Por su parte, el Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI) que dirige Carlos Atilano Peña anunció haber presentado un Amparo e iniciado un juicio de garantías ante los tribunales federales en contra de la determinación del Congreso, que hizo las reformas señaladas a propuesta de la gobernadora del Estado.

En su reclamo, Atilano Peña dijo que ya todos saben que se reduce a 5 años el ejercicio profesional y la experiencia del fiscal, años que se computan a partir de la fecha de expedición de la cédula Federal, lo cual consideran un retroceso para las necesidades del Estado, en cuanto a acciones de seguridad.

También dijo que por considerarse demasiado laxo y muy flexible, el plazo de la experiencia se contraviene con la Constitución, que requiere que en materia de seguridad pública, investigación de delitos, sean profesionales experimentados, conocedores del tema, los encargados de la seguridad, y en ese sentido, se vulnera la Constitución Federal en su artículo 116.

Por eso, dijo, el cuerpo de abogados de COCI, presentó el pasado 14 de los corrientes, un Amparo para que esta Norma se revierta, quede sin efecto y se establezca, cuando menos, el mínimo de 10 años de ejercicio profesional.

Reprobó que esta reforma se haya implementado, aseguró, con la única y exclusiva finalidad de que quien está previsto para esta posición, alcance a cubrir los requisitos, como es el caso del licenciado Ricardo Iván Carpio Sánchez, quien ya fue presentado entre la terna, y en primer lugar, lo que es un mensaje de que sea el designado por parte del Congreso del Estado, dijo.

Atilano Peña aseguró que la gobernadora "cerró las puertas a perfiles más adecuados, más experimentados, y sobre todo, lo más grave, sentenció: "es que se sigue impulsando este proceso de militarización, en el que el secretario de Seguridad Pública es precisamente un militar, ya que también -afirmó- la propuesta del fiscal proviene de la milicia.

Por su parte, la presidenta de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California (FEDABO), Catalina Salas Bravo, señaló que la terna que presentó la autoridad Estatal se basa en la "trillada frase" del Nuevo Sistema Penal que ha sido un fracaso en el Estado, como lo han expuesto con estadísticas oficiales, ya que a partir de su implementación, aseguró, todo tipo delitos se fueron a la alza.

De igual forma lamentó que "no se haya escuchado a los profesionales del Derecho para la presentación de la terna", por lo que llamó al Congreso a actuar con la responsabilidad que requiere este nombramiento, y "no por una cortesía política".

La abogada refirió que el Estado demanda experiencia, actores que por lo menos cuenten con la trayectoria en la administración de la justicia, en el conocimiento del litigio, en la integración de investigaciones de manera correcta, y que tengan claridad.

Aseveró que lo menos necesita el Estado "son nombramientos por cuestiones políticas", 
También refirió que están viendo "tristemente" que hoy se excluyen perfiles adecuados para ocupar el cargo del fiscal".