MEXICALI BC 8 DE DICIEMBRE DE 2021 (AFN).- “La seguridad pública no debe verse como un tema de protagonismos”, aseguró la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, al ser cuestionada sobre la declaración del aún fiscal Guillermo Ruiz Hernández tras anunciar su renuncia al cargo.

Ayer, en conferencia de prensa, Ruiz Hernández reconoció que su renuncia obedecía, entre otros motivos, para evitar una lucha de poder con el próximo secretario de Seguridad Ciudadana, quien entrará en funciones el próximo 1 de enero.

“Este no es un tema de lucha de poder ni de protagonismos; quizás así se había visto antes, pero hoy debemos poner en el centro la seguridad de las personas; si ver la seguridad como un tema de protagonismos, pues desde ahí estamos mal”, aseguró.

Al encabezar la conferencia de prensa semanal, por segunda ocasión consecutiva en Mexicali, la mandataria estatal sostuvo que con la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se estará implementando el mismo modelo de la federación, con una dependencia especializada en los temas de seguridad, e independiente de la Fiscalía, que se encarga de la judicialización de los delitos.

Por ello, dijo, el próximo sábado planteará al presidente Andrés Manuel López Obrador, en su gira por Tijuana, el mantener una coordinación efectiva con todas las instancias de seguridad, para disminuir la incidencia delictiva.

Sobre el mismo tema, Ávila Olmeda dijo que no se debe especular sobre la terna que va a proponer al Congreso local para el nombramiento de un nuevo Fiscal General del Estado, y dijo que no se tiene contemplado a ninguno de los personajes que han sido mencionados en diversos medios, como el exprocurador Rommel Moreno Manjarrez, y el actual procurador de justicia en Baja California Sur y exsecretario de seguridad en Baja California, Daniel de la Rosa Anaya.

Por otra parte, la jefa del Ejecutivo estatal manifestó su respeto a la autonomía de los municipios y del Poder Legislativo, en el tema de la propuesta de municipalizar la zona Este de Tijuana, hecha por la diputada Araceli Geraldo.

En ese sentido, dijo que su postura es de respeto a la decisión que se tome al respecto, aunque precisó que no se trata de un tema sencillo, toda vez que de dar continuidad a la propuesta, deberá realizarse una consulta entre los residentes de Tijuana, según lo ordena la propia ley.

En otro tema, Ávila Olmeda mencionó que de los mil 900 millones de pesos, aproximadamente, que recaudó la pasada administración estatal por medio de las auditorías de Fisamex a grandes deudores, alrededor de 300 millones estarían en litigio por los recursos legales que han interpuesto algunos empresarios.

Sobre ello, indicó que de encontrarse alguna responsabilidad para la citada empresa auditora, se procederá conforme a la ley, y adelantó que su administración no realiza, de momento, acciones de cobro de los más de cuatro mil millones de pesos pendientes de pago y que fueron notificados por Fisamex.