TIJUANA BC 9 DE AGOSTO DE 2012 (AFN).- Agentes de la Policía Federal en la región están decomisando vehículos en retenes improvisados, bajo el argumento de que no han sido importados y que esto representa un delito de contrabando equiparado; sin embargo dichos agentes no están facultados para tales actos, denunció este día Arnulfo de León Lavenant, Procurador de los Derechos Humano (PDH) en Baja California.
El titular de la PDH asistió este jueves como invitado a la reunión semanal del Grupo Madrugadores de Tijuana, en donde expuso el tema de los retenes militares en la región, y en la cual refirió que están trabajando de manera correcta, ya que él personalmente los ha estado visitando para informar a la ciudadanía sobre sus derechos.
Lo anterior, dijo, no es el caso de los retenes y operativos improvisados que realiza la Policía Federal en la región, ya que de manera irregular detienen a automovilistas que no cuentan con sus vehículos en regla, argumentando que se trata del delito de “contrabando equiparado”, por su ilegal introducción al país.
Y al no "llegar a un acuerdo", agregó el Ombudsman, les retiran las unidades a los ciudadanos, acto seguido se dirigen al Sistema de Administración Tributaria (SAT) a solicitar un requerimiento para turnar el caso a la Procuraduría General de la República (PGR), lo cual afirmó es irregular, ya que primero deberían de contar con el requerimiento.
Lo anterior, precisó el procurador de León Lavenant, sería imposible, ya que dicho requerimiento debe de ir dirigido a un auto en particular, lo cual no es procedente por la gran cantidad de unidades que existen en la región.
El titular de la Procuraduría hizo un llamado a la población a denunciar cualquier tipo de arbitrariedad por parte de los agentes federales, para que llamen a las oficinas de la PDH, comprometiéndose a acudir un empleado en menos de 30 minutos a cualquier lugar de la entidad, para levantar la denuncia correspondiente y verificar porque de la actuación de estos uniformados.
De León Lavenant informó que se ha reunido con el delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Baja California, Rafael González Cervantes, para tratar este asunto, a lo que le contestó el funcionario federal que ellos no pueden intervenir, ya que los policías presentan la documentación necesaria para procesar las unidades ilegales.