TIJUANA BC 13 DE ABRIL DE 2021 (AFN).- El acuerdo entre el gobierno federal así como un sector del empresariado en materia de outsorcing o subcontratación, y del cual solo se ha dado a conocer información incompleta, atenta contra la generación de trabajo digno y formal, afirmó el Centro de Estudios del Empleo Formal.
El Centro de Estudios del Empleo Formal (CEEF) lamentó que, pese a la caída laboral y económica que enfrenta México, como producto de la pandemia y de políticas de gobierno desarticuladas, se haya confirmado un acuerdo para eliminar o regular la subcontratación de personas.
Armando Leñero Llaca, presidente del Centro de Estudios, dijo a Agencia Fronteriza de Noticias, que los acuerdos adoptados, que serán convertidos en iniciativa de reforma para su discusión esta semana en la Cámara de Diputados, y posteriormente la Cámara de Senadores, no resuelven el verdadero problema de fondo.
Empresas que actualmente utilizan el modelo de subcontratación respetando los derechos de los trabajadores conforme la legislación laboral del país, serán llevadas a la quiebra y en el nuevo modelo, serán sustituidas por agrupaciones sindicales, y las reformas que están a punto de aprobarse, orillarán a un promedio de seis a siete millones más de mexicanos hacia la informalidad, explicó Leñero.
Leñero sostuvo que, en el proceso de los acuerdos adoptados por el gobierno federal con solo una parte del empresariado nacional, han ignorado la posición de otros organismos empresariales como Canacintra, y especialistas en la materia, que han advertido sobre los riesgos del proyecto legislativo impulsado por el gobierno federal.
Frente a este panorama, el CEEF manifestó que aunque el acuerdo para eliminar la subcontratación pudiera percibirse como preliminar, porque los detalles sobre su aplicación se desconocen, la información compartida por el Gobierno resulta —en términos de redacción— totalmente confusa, lo que da lugar a múltiples interpretaciones.
Adicionalmente, es una medida anticonstitucional, pues en el Art. 5º Constitucional consta que: “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”, aseguró el Centro de Estudios.
