TIJUANA BC 6 DE MARZO DE 2021 (AFN).- Al menos ocho personas, entre funcionarios, incluso de otras entidades, y abogados, buscaron interceder para evitar la clausura de la clínica “Green & Healt”, en la cual se encontraron una serie de irregularidades, aseguró el gobernador Jaime Bonilla Valdez.

Durante la transmisión de su mensaje de este sábado, a través de Facebook Live, el mandatario estatal, acompañado del secretario de Salud en la entidad, Alonso Pérez Rico, ofreció mayores detalles de la revisión sanitaria que se realizó en el citado establecimiento, a raíz de una denuncia, y en la cual se encontraba, al momento de la inspección, el perredista Jaime Martínez Veloz, quien aparentemente recibía algún tipo de tratamiento.

“Recibí como ocho llamadas de amigos, algunos que ni siquiera estaban en la plaza, les habló (el dueño de la clínica) a todos para que presionaran al gobernador, de que no hicieran la inspección; le hablaron al director de COEPRIS, le hablaron al director del SAT en Hermosillo, le hablaron a abogados”, dijo el mandatario estatal.

Asimismo, apuntó que además de las irregularidades en materia de salud, la clínica en cuestión tampoco ha pagado el servicio de agua potable desde el pasado mes de octubre, por lo que al momento dicho adeudo alcanza los 250 mil pesos.

Mencionó que esa es la forma en la que ha operado esa clínica, ubicada en Lomas de Matamoros, en Tijuana, a donde dijo, incluso, que han acudido varios funcionarios a realizarse cirugía bariátrica para perder peso.

Por su parte, Pérez Rico explicó que en la inspección se encontraron medicamentos caducados y otros almacenados en cajas en el piso, además de no contar con el equipamiento necesario para atender pacientes con COVID-19, como fue el caso de la publicación de Martínez Veloz, quien afirmó en una publicación en sus redes sociales, que al momento de la inspección sanitaria en ese lugar, él estaba siendo atendido por ese padecimiento.

Además, expuso el secretario de Salud, el establecimiento no tenía al momento de la revisión, una serie de documentos y permisos de operación los cuales, a decir de los encargados, se encontraban bajo llave en una oficina cerrada, por lo que se les habría otorgado un plazo de 48 horas para presentarlos.