TIJUANA BC 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 (AFN).- La titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinosa Martínez, adelantó que investigarán a los funcionarios que intervinieron en la firma de un convenio entre el Club Campestre y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), debido a una serie de irregularidades que fueron detectadas tras una auditoría realizada por la empresa Fisamex.
De acuerdo con la funcionaria, apenas el pasado 23 de septiembre se signó un convenio para el tratamiento de aguas residuales en una planta del propio club privado, en el cual se habrían encontrado situaciones fuera de la norma respectiva.
En ese sentido, explicó que el club privado recibe aguas residuales de por lo menos siete fraccionamientos residenciales ubicados en sus alrededores, las cuales son tratadas y utilizadas para el mantenimiento de los campos de golf y jardines del lugar.
Mencionó que desde hace varios años, a cambio del tratamiento de estas aguas el Club Campestre no paga por el servicio de agua potable, ya que además cuenta con una concesión de CONAGUA sin embargo, debe al organismo del agua en Tijuana casi seis millones de pesos por concepto de agua residual sin tratar.
Dijo que los propios directivos del club se mostraron dispuestos a regularizar su situación una vez que se les notifique de forma oficial.
Espinosa Martínez añadió que entre las irregularidades encontradas, es que el club obtiene aguas residuales que son tratadas en su propia planta y que son utilizadas en su beneficio, y a cambio de ese supuesto bien social que genera, no paga derechos ni servicios a la CESPT.
Por otra parte, indicó que ayer ratificó la denuncia en contra del exgobernador Francisco Vega de Lamadrid, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos de delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y lo que resulte, por el presunto desvío de más de 361 millones de pesos provenientes de participaciones federales.
Además, explicó la funcionaria, solicitó a la FGR que atraiga la investigación de la denuncia presentada hace algunos meses en la Fiscalía General del Estado, en contra del propio exgobernador y algunos de sus colaboradores más cercanos, por la presunta falsificación de facturas por un monto superior a los mil 200 millones de pesos, debido a que la Fiscalía local no cuenta con una unidad anticorrupción.
Apuntó que confía en que tras la firma de un convenio de colaboración entre el gobierno estatal y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno federal, la investigación en contra del exmandatario avance en forma más rápida.
