TIJUANA BC 27 DE OCTUBRE DE 2020 (AFN).- El secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, anunció que anulará la publicación de la moratoria impuesta a casinos por parte del Cabildo de Tijuana, la cual fue aprobada en sesión del 14 de octubre pasado, en la que el alcalde Arturo González Cruz solicitó licencia para separarse del cargo.

En un comunicado de prensa, el funcionario estatal precisó que con dicha moratoria, publicada en el Periódico Oficial del Estado el pasado 23 de octubre, se busca impedir la apertura de casinos en los próximos cinco años.

Al respecto, afirmó que el gobierno estatal no permitirá este tipo de acciones que buscan claramente beneficiar a Grupo Caliente, propiedad del ex alcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon.

"La decisión del Cabildo de Tijuana era que en los próximos cinco años no se autorizara la apertura de ningún casino en Baja California, es decir, que solamente los que están instalados en el Estado (siguieran operando), y básicamente porque sabemos muy bien todos que la mayoría de los casinos son de Jorge Hank", estableció.

Rodríguez Lozano añadió que con esa acción, el alcalde de Tijuana, ahora con licencia, así como el Cabildo, dieron un "albazo" en la última sesión encabezada por Arturo González Cruz, al aprobar esta moratoria en asuntos generales, afirmando que esa es la forma en la que se presentan los temas que no quieren que los regidores conozcan, y tengan que votarlo "a bote pronto", señalando que ello es un "albazo jurídico".

"No compartimos esta resolución, así que anularemos lo publicado sobre este tema en el Periódico Oficial el día 23 de octubre, esa es la instrucción que me ha dado el Gobernador del Estado, y de tal manera que no tendrá ningún efecto jurídico, y pueden utilizar los medios que quieran por la vía jurídica, no se valen esos regalos a empresarios a través de resoluciones de los cuerpos colegiados, como es el Cabildo de Tijuana", expuso.

Rodríguez Lozano explicó que una de las atribuciones que tiene la dependencia a su cargo, es la divulgación del Periódico Oficial del Estado, donde se publican leyes, decretos, acuerdos, entre otros, y que éstos deben ser autorizados por él mismo, lo cual no ocurrió en este caso, por lo que la resolución publicada será nulificada.