*.- Y anuncia la reubicación del "punto de cobro" y la entrega del tramo

TIJUANA BC 30 DE JULIO DE 2020 (AFN).- El gobernador Jaime Bonilla Valdez anunció la próxima visita a la entidad, de Jorge Arganis Díaz Leal, recién nombrado titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para supervisar una serie de obras federales inconclusas en la región, y confirmó que la caseta de Playas de Tijuana será reubicada, según acuerdo con el gobierno federal, en tanto, los residentes del área sólo deberán hacer un pago único de 100 pesos, además de que se retiran, como sucedió, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México.

Tras reunirse con este funcionario este jueves en la capital del país, de regreso a la entidad Bonilla Valdez aseguró que la invitación es para que Díaz Leal visite Baja California en un par de semanas, y dijo que "este secretario sí nos recibe", en alusión a la negativa del extitular de esa dependencia, Javier Jiménez Espriú, quien no lo recibió para abordar el tema de la caseta de Playas de Tijuana, que ahora queda bajo la responsabilidad de su administración, que tendrá que hacer un censo para determinar quiénes son los residentes de la zona, mientras tanto, confirmó que no se aplicará un cobro durante los días en que se levante el referido censo..

Al respecto, el mandatario estatal refirió que el nuevo funcionario federal le manifestó su interés de supervisar obras como el Libramiento en Ensenada, la carretera escénica, la caseta de Playas de Tijuana y el Aeropuerto Abelardo L. Rodríguez, entre otras.

Asimismo, durante la transmisión en vivo de su mensaje, efectuado la noche de este jueves, el jefe del Ejecutivo estatal entregó a Mónica Jiménez Serrano, representante de vecinos de los fraccionamientos aledaños a la citada caseta, un original del convenio firmado este día en la capital del país entre representantes de varias dependencias federales, mediante el cual se establece la liberación temporal de la caseta de Playas de Tijuana, en lo que se determina una solución definitiva encaminada, primeramente, a eliminar el cobro de peaje a vecinos de la zona, y más adelante reubicar esa garita al menos ocho kilómetros más adelante, a la altura del Baja Center, ya en el municipio de Rosarito. 

En ese sentido, Bonilla Valdez reconoció el trabajo de Jiménez Serrano, y dijo que esto era un compromiso tanto de él mismo como del propio presidente Andrés Manuel López Obrador desde los tiempos de campaña.

El pasado 7 de julio el gobernador emitió un Decreto mediante el cual tomaba posesión de ese tramo de carretera, lo que provocó que la madrugada del 9 de este mismo mes, mientras él viajaba a la Ciudad de México, grupos fuertemente armados de la Marina y la Guardia Nacional "rescataran" la vialidad, pidiendo a elementos estatales que la custodiaban, que se retiraran; el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, Jaime Jiménez Spriú, le presentó una denuncia penal, lo mismo que al Fiscal estatal Guillermo Ruiz Hernández, ante la Fiscalía General de la República (FGR), y el gobernador reviró con otra contra Jiménez Espriú y exigió su renuncia.

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, días después de su regreso de Washington, manifestó su desacuerdo con el gobernador de Baja California y anunció una Controversia Constitucional presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tanto que al día siguiente anunció la salida de Jiménez Espriú, y la llegada -en su lugar- de Jorge Arganis Díaz Leal, sin embargo, continuaron las "negociaciones" entre la SCT, Banobras y Capufe, con el gobierno de la entidad, que públicamente, a través de Bonilla Valdez dijo tampoco estar de acuerdo con lo manifestado por el presidente, y se negó a retirar el decreto, lo cual le solicitaban para llegar a un acuerdo.  

Antier, del gobierno federal le hicieron llegar al gobernador una propuesta para que los vecinos hicieran un pago único de cien pesos, que de entrada no aceptó el gobernador, pero tras horas de negociaciones, acordaron finalmente que el Estado retiraría el decreto y la Federación retiraría a los elementos de seguridad y entregaría el control de ese tramo al gobierno de Baja California, en tanto se realizan los trabajos para la reubicación del "punto de cobro" a por lo menos 7.8 kilómetros de distancia de donde se encuentra hoy día.