TIJUANA BC 3 DE JULIO DE 2020 (AFN).- Luego del manejo negligente que ha tenido el Consejo de la Judicatura para garantizar la pronta reactivación segura de los tribunales en la entidad, esta institución debe desaparecer, afirmó Carlos Mejía López, ex presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California A.C. (Fedabo).
Entrevistado en AFN POLITICO Y ALGO MAS, el también ex Secretario del Ayuntamiento destacó la afectación a la comunidad jurídica, pero aún más importante, la afectación a la población, al considerar los miles de resoluciones y acuerdos que los tribunales del Estado dejaron de tomar en los más de 100 días transcurridos desde la declaratoria de emergencia sanitaria con motivo del arribo del Covid 19.
Según datos estadísticos del mismo Tribunal Superior de Justicia del Estado en días previos al cierre físico de instalaciones, del 18 de marzo al 30 de junio dejaron de emitirse en Baja California, 170 mil acuerdos de diferentes tipos y 3,400 sentencias, así como un estimado de 13 mil audiencias no desahogadas.
Todo esto afectó a personas que dependían de una decisión de autoridad para cobrar una renta, liquidar su sociedad conyugal -en el caso de quienes están en proceso de divorcio o esperando resolución sobre la patria potestad de los hijos-, o proseguir con la adjudicación de una propiedad para su titulación correspondiente, y eventualmente utilizar ese documento para tramitar un crédito bancario que les permita obtener fondos para afrontar la crisis económica derivada de la pandemia, explicó Mejía.
En contraparte consideró absurdo que ya se haya aprobado la reapertura de casinos y antros, mientras sigue paralizada la impartición de justicia, que es una actividad esencial para la sociedad bajacaliforniana.
Mejía afirmó que el Consejo de la Judicatura del Estado ha tenido 68 días hábiles para poner en marcha acciones concretas, una por día, para preparar la reapertura de las instalaciones, así como trabajar coordinadamente con los dos poderes restantes para impulsar las soluciones que ameritan la intervención del poder ejecutivo y el legislativo.
