*. - Trascendió que se giraron órdenes contra éste y el Capitán Gustavo Huerta Martínez

TIJUANA BC 4 DE JUNIO DE 2020 (AFN).- El dos veces secretario de Seguridad Pública en Tijuana y Ciudad Juárez, Julián Leyzaola Pérez se amparó contra acciones del Juez Primero de lo Penal en Baja California, para evitar una posible detención de autoridades locales, después de que se conoció que la denuncia presentada en su contra por un policía municipal en activo -de hace 10 años- procedió y fue “judicializada.

El amparo de la justicia federal lo promovió en mayo pasado, según confirmó Agencia Fronteriza de Noticias, y se resolvió a fines de aquel mes, aunque se notificó a través del Juzgado Cuarto, el 1 de este mes.

Los recursos promovidos por el también dos veces candidato a la presidencia municipal de Tijuana quedaron contenidos en el expediente 288/ 2020 que presentó en un caso principal, y con la misma fecha, en el incidental 288/2020.

El amparo se le concedió en contra de “actos privativos de la libertad, y en actos reclamados específicos, por alguna orden de aprehensión y su ejecución, en tanto que el amparo indirecto, se hizo en materia penal.

La resolución quedó asentada el 28 de mayo de este año y se le fijó audiencia constitucional para el 15 de julio a las 12 horas, sin embargo, especialistas consultados señalan que estos amparos no evitarán su aprehensión porque la denuncia que existe en su contra -lo mismo que contra del capitán Gustavo Huerta Martínez- corresponde a delitos graves, que por lo tanto deben ser juzgados dentro del sistema de convencional, y no del llamado Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Este día corrieron rumores en el sentido de su detención -y la del capitán Huerta Martínez- como consecuencia de órdenes de aprehensión que han sido giradas en su contra, sin embargo, por informes obtenidos de manera extraoficial, se sabe que los militares con licencia no han sido aprendidos hasta el momento, aunque no se descarta que pudiese ocurrir en cualquier momento.

La denuncia en contra de los dos militares se deriva del caso del oficial policiaco en activo -y además abogado- José Luis Hernández Gálvez, quien los acusó por los supuestos actos de tortura que cometieron en su contra y que fueron reconocidos mediante el protocolo de Estambul que le aplicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y otros, a través de organismos internacionales de derechos humanos.