Planean amparos contra la ley de salud
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Planean amparos contra la ley de salud

Tijuana BC - jueves, 28 de mayo de 2020 - AFN.
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TIJUANA BC 28 DE MAYO 2020 (AFN).- Las diversas cámaras empresariales promoverán amparos colectivos en contra de la aplicación de las reformas a la Ley de Salud de Baja California, luego de la postura asumida por la Presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de Congreso del Estado, Montserrat Caballero.

Lo anterior fue expuesto por el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gabriel Camarena Salinas y el Secretario General de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Miguel Ángel Badiola, quienes lamentaron las declaraciones hechas públicamente por la legisladora y que llevaron a la cancelación de la reunión en la que expondría los detalles de las licencias sanitarias.

Licencias que deberá expedir la Comisión Estatal de Protección a Riesgos Sanitarios (Coepris) a diversos giros comerciales dedicados a la prestación de servicios. 

Luego de que la también Presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso local, afirmara que se acabaron los tiempos en que los diputados pedían permiso a los empresarios para hacer reformas legales, Camarena Salinas consideró que con ellos manifestó una “interpretación incorrecta de la ley”, pues en ella se establece que las cámaras empresariales son “órganos de consulta” por ser los que al final cuentan con mayor experiencia a la aplicación de los ordenamientos que aprueba el Poder Legislativo.

El representante de Canirac advirtió que como restauranteros se van a amparar en contra de cualquier nuevo impuesto o cualquier costo adicional de una nueva licencia que tenga que ver con el tema sanitario, aunque atenderán cualquier medida que establezcan las autoridades competentes como protocolo para que puedan reactivar operaciones por la pandemia de Covid-19, a fin de garantizar la seguridad y salud de sus clientes.

Camarena Salinas indicó que, dada la postura manifestada por la legisladora, los representantes de las cámaras consideraron innecesaria la reunión que sostendrían ayer miércoles y optarán por promover el recurso de amparo ante las nuevas licencias y que quedarán definidas en el reglamento de la Ley de Salud que próximamente deberá emitirse, pues implican un pago adicional para un permiso que ya se regula por la Comisión Federal de Protección a Riesgos Sanitarios (Cofepris).

De esta forma Canirac, Canaco, Canacope y hasta Canacar ya decidieron promover los amparos debido a que deberán cumplir con las licencias que autorizará la Coepris a 11 giros prestadores de servicios, entre los cuales están los restaurantes, los rastros, albercas, centros de reuniones y espectáculos, servicios estéticos y de peluquerías, hospedaje, funerarias, hoteles, y transporte de carga de alimentos, centros de desarrollo infantil, entre otros.

Esto llega en un momento en el que se está trabajando en la reapertura con protocolos sanitarios que permitan reactivar las operaciones dadas las suspensiones decretadas por la pandemia de Covid-19.

Indicó que, aunque a los órganos empresariales siempre les queda la vía legal para recurrir ante este tipo de reformas, siempre proponen el diálogo, pues saben que el otro camino es más costoso y los lleva a más enfrentamientos que se podrían evitar con una comunicación más asertiva.

Agregó que la ley no establece que al ser consultados los organismos empresariales se va a hacer lo que estos decidan, por lo que cuando son tomados en cuenta es en beneficio de todos, para que haya un buen entendimiento, a través de la comunicación, por lo que consideró las declaraciones de la diputada morenista “fuera de contexto”.

Pues dio a entender que no requieren consensuar con los sectores involucrados en las reformas para no “perder el tiempo”, lo cual nunca podrá ser aceptado en una democracia.

“Todo esto está motivado por lo que ha venido pasando en esta legislatura, en la que se aprueban las leyes sin consultar a los sectores con los que se tendrá que trabajar las iniciativas, hay una sorpresa, un desentendimiento y un rompimiento que ojalá sea temporal y después se instale una mesa de diálogo para ponerse de acuerdo en un reglamento y no haya un costo, ni sea una medida recaudatoria”, acotó.

*.- Restauranteros aceptan vigilancia, pero no cobro de licencias 

Por su parte, el Secretario General del Consejo Ejecutivo Nacional de Canirac, Miguel Ángel Badiola, enfatizó que este organismo está en comunicación con autoridades de los tres niveles de gobierno para definir los protocolos sanitarios con los que deberán cumplir en cuanto reanuden actividades.

Explicó que hace un mes la Canirac de Baja California entregó una propuesta a autoridades federales de Salud y Turismo sobre protocolos sanitarios que debe seguir la industria restaurantera, lo cual fue reconocido por dichas autoridades, ya que dicho documento se definió porque consultaron a 32 entes, entre ellos de la federación, así como del gobierno de España y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

 “Lo que no estamos de acuerdo es con esta nueva licencia que inventan, porque ya existe un permiso de parte de Cofepris, hay un permiso de uso de suelo de bomberos, de Protección civil, de alcoholes, de reglamentos, de ecología, de la CESPT, ya están todos los permisos”, aseveró el líder restaurantero al considerar que las declaraciones hechas por la diputada caballero fueron irresponsables, pues desacreditó el trabajo que por décadas ha construido la industria restaurantera y que por ello se ha ganado un reconocimiento de excelencia a nivel nacional.

Agrego que, dada la postura pública de la Coordinadora de la bancada de Morena, los representantes de la Canirac decidieron suspender la reunión de miércoles, pues lo tomaron como una falta de respeto cuando ya había un acuerdo de sentarse a dialogar con ella como presidenta de la Comisión de Salud, así como con los diputados Elí Topete, Miguel Bujanda como presidente de la Comisión de Turismo y Luis Moreno, Presidente del Congreso. 

“Ya no vimos conveniente sentarnos a platicar porque no hay la voluntad y hay públicamente declaraciones desafortunadas, ofensivas a la industria restaurantera que genera más de 200 mil empleos en Baja California, a través de los más de 10 mil establecimientos que se dedican a la elaboración y venta de alimentos, lo vimos como una falta de respeto total”, aseveró.

Por ello precisó que ya trabajan con el Fiscalista Adolfo Solís Farías en el amparo colectivo para oponerse a las reformas aprobadas por la actual legislatura en la que se contempla la generación de nuevas licencias de las que se desconoce su costo y que serán emitidas ahora por la Coepris.

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