*.- Recibía 4mdp por rentar tabletas para levantar “encuestas de satisfacción”
Por: José Enrique García Sánchez

TIJUANA BC 27 DE MAYO DE 2020 (AFN).- La corrupción en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), el principal organismo operador del agua de la entidad, era de tal magnitud,  que hasta el mecanismo para captar la opinión de los usuarios del servicio sobre la calidad del mismo, era manipulado para maquillar la información, y por ello se pagaban millones de pesos al año a la empresa de un probable familiar del ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid.

Las omisiones documentadas en seis meses de gobierno están en casi todas las áreas de la paraestatal, y aunque en algunas de ellas ha costado más trabajo acreditarlas, los expedientes de investigación siguen avanzando para resolver la sanción correspondiente a los responsables, y en algunos casos, la denuncia penal por delitos diversos afirmó Vicenta Espinosa Martínez, secretaria de la Honestidad y la Función Pública del gobierno estatal.

En entrevista con AFN POLITICO Y ALGO MAS, la funcionaria aseguró que todo está siendo meticulosamente documentado para el correspondiente deslinde de responsabilidades, a través del trabajo del órgano de control interno de la CESPT, dependiente de la Secretaría a su cargo, porque además es mandato federal el trabajo de revisión, considerando por otra parte que la paraestatal maneja recurso federal.

Las acciones y omisiones detectadas, y que derivarán en sanciones para unos ochenta trabajadores, sindicalizados en su mayoría, no se limitan a la operación de campo para facilitar la evasión de empresarios en el pago del agua, o el pago de consumos menores, añadió Espinosa.

Muchas actuaciones se llevaron a cabo administrativamente sin el correspondiente soporte documental, lo que en algunos casos ha dificultado rastrear la ruta usada para ciertos actos ejecutados por personal del organismo operador.

El control de inventarios en almacenes es otra área en la que se detectaron muchas inconsistencias y manejos que no corresponden a lo registrado en los sistemas informáticos de registro y control.

Dependiente de la Contraloría del Estado (hoy Secretaría de Honestidad y la Función Publica) se contrató la empresa de alguien, que según el avance de la investigación, es propiedad de un familiar de Francisco Vega de Lamadrid, y que recibía cuatro millones de pesos al año por rentar tabletas usadas para medir la satisfacción de los usuarios de servicios de la administración estatal, incluida la CESPT.

Se trata de un sistema como el que utilizan negocios diversos, que mediante emoticones o pequeñas figuras en forma de carita, ofrecían la opción de registrar si un cliente está enojado o contento con la atención recibida, pero que en la administración pública estatal anterior, parecía ser mera simulación porque los reportes entregados por el beneficiario del contrato entregaban datos de más de un 95% de satisfacción, según explicó la funcionaria estatal.

Espinosa Martínez dijo que respecto a los empleados contra los cuales se abrieron carpetas de investigación, estos enfrentarán las consecuencias legales de sus actos, aún cuando el Sindicato haya intervenido ya en su defensa. Una vez agotados los recursos legales a que tienen derecho, los expedientes seguirán su curso y de resultar necesario, serán turnados a la Fiscalía General del Estado para que esta autoridad determine los delitos cometidos, su magnitud y su sanción correspondiente.

Mientras, la lista de las empresas dictaminadas, que alcanzan en este momento un total de 455, con adeudos por más de 1,200 millones de pesos, podría crecer próximamente, tan solo en el caso de Tijuana, explicó.

La funcionaria reconoció que han recibido presiones, y hasta amenazas de representantes legales de las empresas señaladas, sin embargo seguirá adelante con el trabajo de saneamiento de la paraestatal de Tijuana, mientras avanza la revisión en Tecate y Mexicali hasta cubrir todo el Estado.

La titular de la Secretaría lamentó que una parte de los abusos cometidos pudiera quedar impune, y parte de los pagos evadidos no se recuperen, debido a que por disposición del Código Fiscal de la Federación solo se puede cobrar lo atrasado en los últimos cinco años, pero la retroactividad no alcanza a quienes han dejado de pagar el agua desde hace varias décadas, lo que hace necesario promover una reforma al código para que la ley faculte a la administración a recuperar ese dinero.

Respecto de la reciente renuncia del Director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate, Vicenta Espinosa informó que el hoy ex funcionario respondió que prefería “no participar” por su desacuerdo con el programa de trabajo implementado por la administración estatal.

Los desacuerdos se materializaron luego de la revisión a lo actuado en los últimos cinco meses, y a pesar de diversas probables irregularidades detectadas, a lo que el entonces Director respondía que “todo está bien”, y presumía incluso los premios nacionales obtenidos por la paraestatal para ciertos parámetros administrativos alcanzados por la misma.

La revisión de tales parámetros mostró que lo reportado como logro para alcanzar tales premios, se apoyaba “en estadísticas manipuladas”.

Vicenta Espinosa advirtió que todo acto u omisión será sancionado y llevado hasta sus últimas consecuencias, sin olvidar que los presuntos responsables tienen el derecho a defenderse, y de hecho varios de ellos lo están haciendo ya promoviendo amparos, por ejemplo.