*.-Debe Tijuana prepararse, dice Pérez Canchola
TIJUANA BC 27 DE ENERO DE 2020 (AFN).- La problemática social derivada de la migración centroamericana en nuestra ciudad podría agravarse en el futuro inmediato, debido a la decisión estadunidense de reducir drásticamente la cantidad de espacios para nacionales de Honduras bajo la figura de refugio, por lo que el gobierno local debe prepararse para evitar los efectos nocivos correspondientes, afirmó José Luis Pérez Canchola, delegado de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
“Son problemas que se nos pueden complicar si no atendemos la parte humanitaria”, señaló quien fuera el primer Procurador de los Derechos Humanos en Baja California, al enfatizar el caso específico de niños y mujeres con hijos, que huyen primordialmente de la violencia y debiesen en automático tener una protección y apoyo garantizado.
Entre ellos hay casos de violación y abuso de múltiples formas. Hay niños y adolescentes que fueron testigos del asesinato de sus padres y requieren como mínimo orientación psicológica, y tienen necesidades básicas que pueden atenderse mediante un trabajo previamente coordinado.
Pérez Canchola salió al paso de los argumentos en el sentido de que esta migración centroamericana es promovida y atiende intereses políticos ligados a la reelección del presidente norteamericano Donald Trump, y llamó a no perder de vista que en el fondo, y en los hechos, “nadie abandona sus pertenencias, su hogar y arraigo, si no es por razones de persecución y violencia”, y muchos casos de este tipo están claramente documentados.
Pérez Canchola dijo que ha viajado a Chiapas y Honduras y ha platicado directamente con muchos de los migrantes desplazados, y tiene testimonios directos de personas a quienes les han asesinado a un hijo o a los padres por negarse a pagar “derecho de piso” a bandas de pandilleros u oponerse al reclutamiento forzoso de menores de edad de parte de estos.
En el grupo de migrantes centroamericanos están algunos líderes religiosos que se vieron precisados a huir, porque las amenazas de las bandas criminales han alcanzado a las iglesias de aquella región, a las que se les ha exigido el pago de “derecho de piso”, un fenómeno que se ha extendido a cada vivienda en particular, agregó Pérez Canchola.
