AL FILO DE LA NAVAJA

Por: Raúl Ramírez Baena*

TIJUANA BC 26 DE AGOSTO DE 2019.- “¡No me cuidan, me violan!”, fue el grito de batalla de mujeres que protestaron en la Ciudad de México y en otras ciudades del país el pasado viernes 16 de agosto, a partir de varios casos como el de una joven de 17 años que denunció haber sido violada por cuatro policías en Azcapotzalco, en lugar de protegerla, y de otra menor abusada sexualmente por un policía en el Museo Archivo de la Fotografía. La gota que derramó el vaso. 

La marcha en CdMx se salió de control y las mujeres provocaron destrozos en la Estación del Metrobús de la Glorieta Insurgentes, en instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pintas en el Monumento al Ángel de la Independencia, hombres que pasaban o estaban por ahí, agredidos, y un reportero de TV golpeado por un provocador.

La marcha, teñida con pañuelos verdes, demandó un alto a la violencia sexual en contra de las mujeres y a los feminicidios, extendiéndose las demandas a la despenalización del aborto.

Estos hechos, que tienen sus antecedentes inmediatos en la aparición del #MeToo mexicano (denuncia de mujeres abusadas en el pasado), han provocado un gran debate en los medios y en las redes sociales; unos, censurando los excesos de las manifestantes y otros, justificando las acciones en aras de reconocer problemas mayores que afectan a las mujeres. Son los signos de la época: la polarización política y social.

Pero las cosas no son para menos: durante los primeros seis meses de 2019, en México, se registraron denuncias por 448 feminicidios, 1,364 homicidios dolosos contra mujeres, 206 secuestros y más de 30,000 lesiones dolosas contra mujeres, incluida la violencia doméstica. Esto, sin contar las denuncias por violación sexual, desaparición y hostigamiento sexual y laboral contra mujeres.

Mujeres que, en lugar de ser reconocidas como víctimas, son denigradas, estigmatizadas y revictimizadas por las autoridades y la sociedad.

Las opiniones respecto a la violenta protesta de las mujeres van desde quienes adoptan un criterio francamente machista y misógino, y/o profundamente conservador, hasta quienes justifican los excesos por la gravedad de los hechos denunciados. 

La sociedad mexicana reconoce poco a poco la protesta social como un derecho humano, a la libertad de asociación y de reunión, a la libertad de expresión y a la denuncia pública, resignándose, incluso, a las siempre molestas manifestaciones para los automovilistas por los bloqueos y cortes del tránsito, que hacen ingrato el tránsito vehicular. 

La lucha por los derechos de las mujeres, peleados incluso con violencia por las sufragistas desde principios del S. XX en Europa, han ido en ascenso, incorporándose progresivamente en los tratados internacionales, en las leyes locales y en la administración pública; en la protección de la dignidad, la igualdad, la equidad, la integridad física y la vida de las mujeres en todos los espacios públicos y privados. Así mismo, se han creado espacios legislativos e institucionales avocados a hacer efectivos sus derechos. Hasta ahí, la parte formal.

Lo que realmente preocupa a las féminas es que, a pesar de las medidas de protección, la violencia de género, manifestada de diversas formas, desde la discriminación hasta su expresión más extrema como son los feminicidios, no han sido resueltos por el Estado Mexicano, por el contrario, administraciones van y partidos vienen en el gobierno, ¡y las cosas siguen peor!

¿Tienen razón o no entonces en protestar, incluso violentamente? Violencia social que no se compara con la impunidad y los delitos en ascenso de los que a diario y en todos los espacios son víctimas las mujeres, expresión manifiesta de la violencia social e institucional.

Desde luego que lo ideal es que la protesta social se apegue a los principios de la desobediencia civil amparada como derecho humano en México por el segundo párrafo del artículo 9º. Constitucional, condicionada a que sea pacífica y respetuosa y a que no se profieran amenazas para lograr su objetivo.

Sin embargo, toda revolución social violenta en el mundo a lo largo de la historia universal, así como la resistencia civil pacífica tipo Gandhi y Martin Luther King, tienen su origen en violaciones graves a los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales, culturales o ambientales), en demandas no satisfechas o no cumplidas por gobierno autoritarios o semi-autoritarios, indolentes, indiferentes, omisos, corruptos y represores. Ambas formas de protesta y cambio social son justas y legítimas.

Quizá lo único que tenga que reclamar hoy a las mujeres en su protesta, es que los hombres no somos “el enemigo” (menos los hombres feministas, solidarios y empáticos), que los hombres somos también víctimas y rehenes de la ideología machista dominante, del modelo patriarcal de sociedad y de la violencia que genera.

Debemos reconocer que el conflicto tiene su origen en un sistema político, económico y social profundamente desigual, inequitativo, individualista y materialista, en una ideología conservadora que tiene su base en el lucro, en la superconcentración de la riqueza, en la impunidad y en un sistema de supremacía masculina que para sobrevivir debe desarrollar un bajo nivel de desempeño educativo, cultural y laboral en la población, y que divide y confronta como parte de un mecanismo de control social. Esto es lo que, en esencia, debemos cambiar.

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.