Baja california, en el ojo del huracán
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Baja california, en el ojo del huracán

Tijuana BC - lunes 15 de julio de 2019 - Raúl Ramírez Baena.
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AL FILO DE LA NAVAJA

Por Raúl Ramírez Baena*

“Las leyes, como las salchichas, dejan de inspirar respeto a medida que se sabe cómo se hacen”
John Godfrey Saxe (1816-1887)

TIJUANA  BC 15 D EJULIO DE 2019.-La airada reacción de casi todos los sectores de la política nacional, de especialistas, empresarios y líderes sociales, nota principal de los medios locales y nacionales, por la decisión del Congreso de Baja California el pasado 8 de julio de ampliar de dos a cinco años la gestión del próximo gobernador de la entidad, Jaime Bonilla, contrario a la Reforma Política de 2014 para empatar las elecciones locales con las federales en el año 2021, ha provocado una crisis política de grandes dimensiones, como nadie se lo imaginaba, ni los promotores de esta idea ni los legisladores y regidores de los partidos que votaron la reforma a la Constitución local.

Este fue el tercer intento del equipo de Jaime Bonilla, de Morena, hoy gobernador electo, para ampliar el período gubernamental. En los dos anteriores, previo a las elecciones locales del 1 de junio, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California aprobó la ampliación a cinco y a seis años, respectivamente (dos Magistrados de tres votaron por la ampliación en ambos casos, despertando serias sospechas), decisiones revertidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

El problema de fondo es que, en este tercer intento, se repitieron las tradicionales formas de la partidocracia mexicana para sentar el precedente de modificar a capricho el mandato constitucional de gobierno, pasando por alto las promesas y el compromiso del Presidente López Obrador de un “cambio verdadero”, de la erradicación de la corrupción, de la Cuarta Transformación, pretendiendo equipararla a la Independencia, a la Reforma Juarista y a la Revolución Mexicana, sobre la cual obtuvo un contundente triunfo el año pasado. Por ese cambió voto el electorado.

Con la reciente reforma aprobada en el Congreso de Baja California con mayoría panista, se despertaron fuertes sospechas sobre qué recibieron 20 diputadas y diputados locales a cambio de su voto. 

Versiones no probadas afirman que se ofreció un millón de dólares a los legisladores de casi todos los partidos representados, aparte, a los regidores de los ayuntamientos para que avalaran dicha reforma constitucional; otros, afirman que, además, fue una negociación de “cuotas” entre el gobernador Kiko Vega, el PRI y el PAN con Bonilla, para darle al actual mandatario estatal el nombramiento en el Congreso del Auditor Superior del Estado (recientemente fue designado un amigo y ex colaborador de Kiko Vega) y el Fiscal General del Estado, se dice, para protegerlo del fuerte quebranto a las finanzas del estado; y al PRI, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, cuyo titular debió haber sido designado hace casi dos meses. 

Es indudable que la crisis que generó la reforma a la Constitución de Baja California afecta directamente a la figura presidencial, por la cercanía de Jaime Bonilla con AMLO. Sin embargo, hasta hoy, AMLO ha mostrado una asombrosa habilidad para sortear los conflictos de su gobierno, sea por su peculiar formar de gobernar, por sus proyectos, por las renuncias y otros escándalos. A pesar de ello, por muy complicados que éstos sean, el Presidente sigue manteniendo un apoyo popular mayoritario.

Por otro lado, por ahora, no se observa en la oposición un verdadero contrapeso político a la administración lopezobradorista. Los esfuerzos contestatarios y oportunistas de Vicente Fox, Felipe Calderón, el PAN, el PRI, el PRD, la ultraderecha, Gustavo de Hoyos y la clase empresarial, no han sido suficientes. Su argumento más socorrido consiste en sembrar la idea en la opinión pública de que esto es un ensayo para la reelección de AMLO. 

La crítica fundada a la administración lopezobradorista la hacen académicos, organizaciones civiles y comunitarias, medios y periodistas independientes, sectores de la izquierda y organismos locales e internacionales de derechos humanos, que demandan la rectificación de la política económica, de seguridad, migratoria y social. 
Volviendo al tema, ahora, el equipo cercano al gobernador electo Jaime Bonilla intenta por todos los medios de justificar la reforma constitucional de cinco años a la gubernatura en

Baja California, tratando en vano de contrarrestar las fuertes críticas expresadas por personalidades de la talla de Porfirio Muñoz Ledo, que pide la desaparición de Poderes en Baja California por el Senado por atentar contra el Federalismo. Para otros, esa reforma es una burla a la voluntad y a los derechos del electorado, que acudió a las urnas a elegir gobernador por dos años, no por cinco.

Por si fuera poco, la elección ya fue calificada como legal por el instituto y el tribunal estatal electoral, por lo tanto, ya causó estado, ya es cosa juzgada, de ahí lo absurdo de haber aprobado la multicitada reforma.

¿Qué hacer para salvar esta crisis política? 

Algo difícil pero no imposible, para recuperar credibilidad con miras al 2021, el gobernador electo Jaime Bonilla y su equipo cercano deben aceptar que se equivocaron y garantizar que gobernará por dos años.

Una vez publicada la reforma en el Periódico Oficial del Estado, en los términos establecidos por el artículo 105 de la Constitución, procede una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN por la CNDH o los partidos con registro ante el INE, para anular la reforma y que el período de gobierno quede como estaba: de dos años.

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.

 

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