DESDE MI SOFÁ

Por: Obed Silva
(Militante del PRI)

Hay quien dice que en la reciente elección los ciudadanos votaron más contra lo que ya no quieren que por lo que quieren.

Siguiendo con esa afirmación, procede comentar que en 31 días se instalará la XXIII Legislatura de Baja California. El hecho estará marcado por circunstancias novedosas para la historia política de nuestra entidad.

El próximo 1 de agosto, la coalición encabezada por Morena se instalará con la mayoría calificada con las 17 curules ganadas en igual número de distritos electorales. Hecho que no sucedía desde hace 36 años cuando en 1983 PRI ganó las 13 curules de mayoría de la XI Legislatura.

Lo anterior no es menor ya que los diputados de Morena/PT/PVE y Transformemos al mantenerse coaligados estarán en condiciones de integrar todos los órganos de gobierno del Congreso, elegir a Magistrados, Fiscal General así como a todos los demás servidores públicos que la Ley les atribuye designar y que no son pocos.

Al mismo tiempo podrán erigirse en Jurado de Sentencia respecto de las demandas de Juicio Político que resulten procedentes así como aprobar los dictámenes y ejercer las acciones legales derivadas de la fiscalización de las cuentas públicas emitidas por el Órgano Superior de Fiscalización, cuyo titular también podrán nombrar ellos solos.

Por si fuera poco, la coalición mayoritaria podrá modificar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California sin necesitar el voto del resto de sus compañeros.   

Tal circunstancia es sin duda, una gran oportunidad para quienes se dicen "protagonistas del cambio verdadero" y al mismo tiempo, les representa el gran reto de lograr que el Poder Legislativo por fín juegue el rol que le corresponde como parte del gobierno del estado en los términos que dispone la Constitución Local.  

El papel que históricamente ha jugado el Poder Legislativo no es necesariamente el de ser un equilibrio frente al Ejecutivo, sino por el contrario, ha sido el de la sumisión a cambio de canonjías.

En mi opinión, el más fuerte paradigma que tendrá que vencer la naciente Legislatura morenista es dejar de asumirse como benefactores de los ciudadanos vía la entrega de regalos bajo la denominada "gestión social" que ha propiciado una relación muy poco democrática entre cada Legislatura y el Gobernador en turno.

Los orígenes de tan perversa relación datan en el año 1998 cuando la XVI Legislatura de Baja California se conformó con 11 diputados del PRI, 11 diputados del PAN y 3 del PRD. En ese año se cumplian los primeros tres del sexenio de Don Hector Teran Teran (qepd).

La historia es muy larga y los actores de la misma aún siguen en el activo político por lo que me limitaré a comentar lo más trascendental.

Para obtener el "beneficio" de un Congreso colaborador los entonces legisladores del PRD se sumaron a los del PRI para proponer al gobernador un esquema que permitiera a los diputados responder a las peticiones de sus representados instituyendo un presupuesto para el "gasto social" de los diputados.

A la muerte del "caballero de la política" la negociación con el gobernador sustituto se reforzó llevándolo al ámbito de que los diputados pudieran influir en determinadas inversiones públicas ejecutables en sus distritos. La historia que continuó es harto conocida.

En la campaña electoral de 2013 uno de los principales reclamos del actual gobernador fue el excesivo presupuesto asignado al Poder Legislativo y ofreció reducirlo sustancialmente pues resultaba ofensivo para los ciudadanos. En la práctica no fue así.   

Reportajes bien documentados del semanario Zeta han dado cuenta de las cantidades de recursos públicos que ejercen los actuales diputados y el dispendio con el que lo gastan.

Un solo ejemplo nos dice de la tremenda distorsión social que hay en el presupuesto que ejercen  los actuales legisladores.

Cada uno de los 25 diputados del Congreso tiene asignados 3 millones de pesos al año para su "gasto social" representando la cantidad de 75 millones anuales que sumados en los tres años de su ejercicio, arrojan un total de 225 millones.

Al mismo tiempo el gobernador le debe a la UABC 900 millones de pesos pero para atender a 65 mil alumnos. Tal disparidad no puede ser menos insultante.

Esperemos que la mayoría morenista haga honor  a la prédica de "la austeridad republicana", y  les resulten suficientes los 84 mil pesos que recibirán mensualmente como dieta y pongan fin al abuso del mal llamado "presupuesto para gasto social".

NOMAS POR JODER:
Desesperados por la eventual pérdida de sus canonjías en la XXIII Legislatura, los ochos diputados del PAN, PRD, PRI, PBC y MC impulsan la formación un grupo llamado G5 cuyo fin sería presionar al próximo gobernador.

Para lograr tal propósito, un exdiputado priista se desvive por integrar el bloque. Buscando con ello que no le corran a los aviadores que aún tiene en el Congreso del Estado y en otras dependencias.

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.