Por: Armando Lares

Tal parece que la actual administración no cesará su plan de asegurar el post gobierno, pues a pesar de estar en el ocaso del sexenio, el mandatario estatal no ha dejado de preparar su salida, se dice que lo mismo ha operado grandes negocios disfrazados de obra pública, al tiempo que ha ido planchando en contubernio con el Congreso del Estado su camino a la impunidad.

En 30 años de administraciones emanadas del PAN, la de Kiko, parece poner punto final al régimen, a pesar de que todas han tenido claroscuros, ninguna se compara en similitud a la actual.

El gobernador resultó electo en 2013, en una elección muy cuestionada, misma que se perfeccionó a la sombra de una concertacesión.

En 2015 comenzaron su proyección, con la aprobación de la Ley de Asociaciones Público Privadas, un instrumento legal idóneo para un gobernante que cuyos antecedentes lo pintan como un especialista en negocios impulsados bajo la sombra del poder.

Para complementar esta figura con fecha  de 30 de diciembre de 2016 fue publicada, en el Periódico Oficial No. 55, la Ley del Agua, misma que habría sido aprobada días antes a media noche, de forma secreta y urgente, pues esta fue presentada a inicios de diciembre y aún no terminaba el mes, cuando ya se había aprobado y publicado.

La fallida Ley, abría la puerta a la privatización del suministro de agua, legalizaba los cortes del servicio, y encarecía el precio del vital liquido.

El repudio fue tal, que la ciudadanía salió a manifestarse y logró su abrogación en enero de 2017, siendo la Ley que menos ha durado en vigencia en la historia contemporánea del Estado.

Lo que no se derogó fue el Decreto 57 mediante el cual se ratificaban obligaciones de pago para seis obras bajo la figura de APP, la mayoría de ellas relacionadas con el suministro de agua, la más conocida, una desalinizadora en Rosarito cuya duración del contrato sería por 37 años, con un pago mensual de 149 millones de pesos sin incluir el IVA.

Estos son solo algunos ejemplos, de las operaciones que se realizaron en la actual administración, misma que ha sido fuertemente señalada por diversos actores políticos, así como por organismos empresariales y de la sociedad civil, que ponen en tela de juicio el manejo de los recursos públicos.

A esto hay que sumarle que en fecha 01 de marzo de 2019, el gobernador, presento? una iniciativa que reforma diversos artículos de la Constitución Local, para crear la Fiscalía General del Estado, que no es otra cosa que la transformación de lo que hoy conocemos como Procuraduría General del Justicia del Estado en un Organismo Autónomo, con “independencia” del ejecutivo y patrimonio propio, que será responsable de la procuración de justicia en la entidad.

Lo polémico de este asunto en la rapidez con la que quieren implementar una figura que habían tenido en espera, que no existe una fecha fatal para su creación, pero que dada la urgencia de pavimentar el camino a la impunidad, el actual mandatario en contubernio con sus 17 diputados en su mayoría del PAN y el PRI, aprobaron su creación el día jueves 09 de mayo, en menos de dos meses, cuando existen iniciativas que llevan meses y no han sido siquiera dictaminadas.

Otro dato que llama la atención, es que la votación llevada a cabo por el pleno fue mediante cédula, violentando lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local, que en su articulo 149, establece que se aprobarán por votación nominal los dictámenes de iniciativa de Ley o decretos, en lo general, y cada libro, título, capítulo, sección o artículo, en lo particular.

Dejando la votación por cédula, a la elección de ternas para determinados cargos así como para la elección de quienes integraran la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Tratándose del máximo ordenamiento legal a nivel estatal, un símbolo de los bajacalifornianos, es de extrañarse que una reforma constitucional sea votada de manera secreta por quienes tienen el mandato legal de representar los intereses de la sociedad.

Es importante resaltar que la iniciativa del gobernador pretendía poner un candado para la remoción del Fiscal General del Estado, imponiendo como requisito el voto unánime del Congreso, esto tiene dos dimensiones, la primera al no especificar si trataba de los diputados presentes, se entiende que se requiere el voto unánime de los 25 diputados, la segunda es si la interpretación se da con los presentes en la sesión, solo bastaría con un diputado que no este de acuerdo para que fuera imposible removerlo.

El fiscal durará en su encargo 9 años, lo suficiente para entorpecer las labores de investigación y deslindar responsabilidades en caso de que las hubiera para quienes se han encargado de endeudar al estado.

El dictamen hace mención que; “la finalidad de crear la Fiscalía General del Estado, a la cual se le atribuirán las funciones que actualmente tiene la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, las cuales desaparecen con motivo de la creación de dicha fiscalía”. Es decir, será una Súper Fiscalía que tendrá a su cargo al Ministerio Público, a las Fiscalías Especializadas para la Atención de Delitos Electorales y la de Combate a la Corrupción, a la Policía Investigadora, al Sistema Penitenciario y al Centro de Evaluacio?n y Control de Confianza del Estado de Baja California.

En resumen, el nombramiento de un fiscal por parte de la actual administración que ha sido sumamente cuestionada, no deja lugar a dudas que lo que se pretende es un fiscal carnal; que garantice impunidad y permita un retiro relajado para quienes han sido los responsables de dejar las finanzas públicas de Baja California, prácticamente en la quiebra.  

Lararium: La mejor manera de ver fracasar a un Grupo Parlamentario, es dejándolo  en manos de un junior.

El autor es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, abogado titular del despacho jurídico Orden Legal, además de desempeñarse como consultor en materia legislativa, en su trayectoria ha sido reconocido con el premio estatal de la juventud, fue campeón estatal de debate político juvenil y participa como asesor en Organismos de la Sociedad Civil.

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