Plaza Cívica
Por: Fernando Núñez de la Garza
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@FernandoNGE

MONTERREY NL 10 DE ABRIL DE 2019 .- El intento más claro de debilitar a la democracia mexicana está sucediendo hoy en día. Desde el nacimiento de nuestro régimen democrático nunca nadie se había atrevido a plantear tal propuesta porque hacerlo implicaría levantar serias sospechas en amplios sectores de la población. Otros jefes de Estado en otras partes del mundo lo han llevado a cabo y las consecuencias siempre han sido las mismas: la deriva autocrática. Me refiero al abierto intento de apoderamiento mediante el ensanchamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En este espacio hemos anteriormente hablado acerca de las distintas medidas que se han propuesto, y otras tantas que se han llevado a cabo, cuyo fin práctico implican minar la independencia del Poder Judicial (“El peligroso asedio contra el Poder Judicial”, 18/12/18). Asimismo, hemos comentado de lo que parecen ser pasos sistemáticos tomados por el actual gobierno federal para minar la democracia (“El debilitamiento de la democracia mexicana”, 19/03/19). En este sentido, aumentar el número de ministros en la Corte bajo los argumentos de generar ahorros en el gasto público y combatir la corrupción representan la cristalización de ambas tendencias.

El fenómeno que se está intentando llevar a cabo en México es conocido como “court-packing”: ampliar el número de ministros en la Corte para que el presidente pueda nombrar a incondicionales suyos y tener así un cheque en blanco en sus iniciativas de ley. En 1937 en los Estados Unidos el presidente Franklin D. Roosevelt propuso dicha medida, y tanto legisladores republicanos como demócratas se opusieron y fue rechazada. En 2004 en Venezuela el presidente Hugo Chávez, con un Congreso servil, ordenó la misma medida, y el resto es historia. En 2011 en Hungría el presidente Victor Orban, con importantes mayorías en el poder legislativo, amplió la Corte y colocó a sus incondicionales, y hoy es una de las mas famosas autocracias en Europa. Estas son solo algunas historias, y solo algunas medidas, de las muchas que han ocurrido y se han tomado con el fin de desaparecer el contrapeso institucional que representa el Poder Judicial.

En México preocupa tanto el actual contexto político en el que se presenta la propuesta, así como las razones para impulsar tal reforma y la propuesta misma. Nuestro entorno político es muy parecido a los antes mencionados, uno en el cual el presidente ha llegado al poder con un importante número de votos, haciendo uso de un discurso sumamente polarizador, con un dominio absoluto de su partido político, amplias mayorías ganadas en el poder legislativo, tasas de popularidad altísimas y una estela de señalamientos a jueces, magistrados y ministros.

Los razonamientos para llevar a cabo dicho cambio no se sostienen. Por una parte se argumenta que es para ahorrar gasto, por otra que es para combatir la corrupción. Sin embargo, el problema con el aparato de justicia mexicano es precisamente el poco gasto público que tiene: 1.4% del PIB en seguridad (jueces, policías, prisiones, etc.) mientras que el promedio en países de la OCDE es de 4.7%. Asimismo, el planteamiento eliminaría una buena parte del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) al desechar las cinco salas regionales especializadas en materia anticorrupción (cuyos magistrados no han sido nombrados) para ser reemplazadas por una sala en la Corte que no tiene razón de ser. Vaya, lo que haría la iniciativa sería mantener la poca infraestructura y personal judicial, eliminar el sector enfocado en justicia del SNA, desvirtuar la labor de la Corte y cooptar al Poder Judicial.

Apoyar el ensanchamiento de la Corte sería sumamente ingenuo con las experiencias internacionales existentes y nuestro contexto político actual. De llevarse a cabo afectaría aún más el combate a la corrupción y la impartición de justicia, y debilitaría seriamente nuestra democracia y al Estado mexicano mismo.

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