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por Obed Silva.
 
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Por: Obed Silva
(Militante del PRI)
 silvaobed@yahoo.com.mx

TIJUANA BC 3 DE MARZO DE 2019.- Como era previsible, la resolución que modifica a cinco años el periodo de la próxima Gubernatura emitida por el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de Baja California causó conmoción en el mundillo político del Estado.

A pesar de que para nadie era desconocida la existencia de dos juicios promovidos por una ciudadana que reclamó sus derechos político electorales, al unísono y en un coro de dolor “la clase política del Estado” encabezada por el impresentable titular del Ejecutivo, lanzaron su más rabioso reclamo en el sentido de que tal resolución “lastima” la inmaculada autonomía del Poder Legislativo.

En el oscuro final de su mandato y con la posibilidad de una celda como futura residencia, el ofendido gobernante dejó en el olvido las vergonzosas actuaciones de “sus” diputados quienes en sesiones casi a escondidas se reunieron para aprobar los caprichos e instrucciones del Ejecutivo Estatal. Provocando con ello un gran quebranto a las finanzas públicas. Todo lo anterior con la complicidad de los diputados de los Partidos de “oposición” que ahora se llaman dolidos por la referida resolución sin que hayan movido con antelación ni un sólo dedo para combatirla o para apersonarse como terceros interesados en el juicio de cuya sentencia, ahora indignados, reclaman.

La corta memoria de los dolidos no les permite recordar que con antelación el Tribunal Electoral del Estado ha resuelto respecto de una disposición Constitucional. Cabe señalar que en el año 2007 fue el Instituto Electoral del Estado quien resolvió que un ciudadano podía participar como candidato a Gobernador aún y cuando ocupaba otro cargo de elección popular. Dicha opinión fue emitida precisamente en relación a un requisito de elegibilidad conocido como “ley antichapulin” consignado en la propia Constitución Local. En su oportunidad el PAN impugnó tal determinación y el Tribunal Electoral del Estado, revisó “la Constitucionalidad” del acuerdo emitido por el Consejo Estatal Electoral dando la razón al PAN. A la postre, fue la sala Superior del Tribunal Electoral Federal la que finalmente otorgó la protección al ciudadano para que participara como candidato a gobernador, sentando de esta forma un precedente que aún hoy es citado por los estudiosos del Derecho Electoral.

Con lo anterior queda demostrado que la actuación que hoy se le reclama al Tribunal Estatal Electoral no es nada nuevo en la historia electoral de nuestro Estado y que se repetirá cada vez que un ciudadano o ciudadana exija la protección de sus derechos político electorales, incluso frente normas de carácter constitucional presumiblemente inamovibles.

Las exageradas reacciones de “la clase política local” indican que, desde “la primera autoridad estatal” pasando por los partidos políticos y hasta el “sector privado”, asumen que el candidato de Morena ya ganó la elección y convencidos de ello les causa pavor que tal triunfo sea por cinco años y no por los dos a los que ya se habían resignado.

En el contexto de la desatada polémica, la pregunta que surge es: ¿en qué afecta o beneficia a la mayoría de los ciudadanos el que haya un gobierno de dos o de cinco años?

Por un lado el costo social (nunca cuantificado) que implica el desgaste de tres elecciones consecutivas entre 2019 y 2024 ubica a Baja California en una constante confrontación social e indefinición en el rumbo de la administración pública ya que, como está demostrado, ni ganando el mismo partido político hay una continuidad de gobierno. Por otro lado, en menos de dos años el deficitario erario estatal tendría que cargar con más de 500 millones de pesos para cubrir los gastos de dos elecciones consecutivas para gobernador, munícipes y diputados.  

Lo anterior, ¿fue considerado por el Congreso cuando aprobó un gobierno de dos años? En mí opinión no.

Conforme a mi experiencia, lo que prevaleció en aquel momento en el Congreso del Estado fue el cálculo del PAN para no empatar la elección de Gobernador con la de Presidente de la República, sobretodo por el miedo que les provocó la posibilidad real de perder la gubernatura junto con la presidencia de la república.

El desenlace de este apasionante capítulo de nuestra historia local ya subió al ámbito de la lucha política nacional. Por obra y gracia de la soberanía republicana ejercida por el Poder Judicial del Estado se provocó que dentro de los próximos treinta días, otro poder, en este caso el Judicial Federal, determine si la modificación hecha al periodo del próximo gobierno estatal afecta sustancialmente al desarrollo del proceso electoral o causa un daño a los derechos político electorales de los bajacalifornianos.  En mí opinión, estas son las dos cuestiones a dilucidar en el futuro inmediato por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de la Federación. En su momento estaremos enterados si los Magistrados Electorales hicieron historia.

NOMAS POR JODER:

Oscar Vega y Enrique Acosta tendrán que renunciar a la candidatura en razón a que sus respectivos Partidos los quieren de Gobernador pero solamente por dos años y no por cinco.

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.

Tags: tribunal, obed, silva,
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