Al filo de la navaja

columnista: Raúl Ramírez Baena

Cosas veredes, Sancho… Las fuerzas políticas que el año pasado impulsaban en el Congreso la Ley de Seguridad Interior del Presidente Peña Nieto y la bancada del PRI, logrando su aprobación al sumar votos de legisladores del PAN, el PVEM y el PRD (luego echada abajo por la SCJN), ley que legitimaba la militarización de la seguridad pública, ahora pretenden hacer valer su fuerza en el Senado para impedir la mayoría calificada a las reformas propuestas por el Presidente López Obrador y Morena, para constitucionalizar la Guardia Nacional militar con facultades para detener a personas en flagrancia y como auxiliar del Ministerio Público.

Esta semana, si no hay una negociación sorpresa de último minuto (en política nada está escrito), las fuerzas partidistas de la nueva oposición en el Senado (PRI, PAN, PRD y MC) han cerrado filas retomando una importante demanda de sectores de la izquierda, ONG de derechos humanos locales e internacionales, víctimas, académicos y juristas aglutinados en el colectivo #SeguridadSinGuerra e, incluso, de órganos de tratados de la ONU y de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH): la desmilitarización de la seguridad pública en México.

Es destacable que senadores que se opusieron a la militarización de Calderón y a la Ley de Seguridad Interior, como Martha Lucía Micher, Martí Batres, Félix Salgado Macedonio, Néstora Salgado, Ifigenia Martínez, Higinio Martínez, Jesusa Rodríguez y José Narro, entre otros, darán ahora su voto a la Guardia Nacional militar.

Del otro lado, políticos del PRI y el PAN que en su momento apoyaron la Guerra al Narco de Calderón y la Ley de Seguridad Interior de Peña, hoy senadores, buscan modificar la iniciativa de Guardia Nacional militar de Morena para imponer el control civil, como Beatriz Paredes, Claudia Ruíz Massieu, Damián Zepeda, Eruviel Ávila, Jorge Carlos Marín, Gustavo Madero, Manuel Añorve y Miguel Ángel Osorio Chong.

Resoluciones de los organismos internacionales sobre la militarización

La última sentencia contra el Estado Mexicano girada en diciembre pasado por la CoIDH por el Caso Alvarado Espinoza y otros vs México (de cumplimiento obligatorio dado que México reconoce la competencia contenciosa de la CoIDH, cuyas sentencias sientan jurisprudencia en el país), caso relacionado con la desaparición forzada de tres personas por elementos del Ejército Mexicano el 29 de diciembre de 2009 en Cd. Juárez, en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua contra el crimen organizado y el narcotráfico, impuso el siguiente criterio:

“… como regla general, la Corte reafirmó que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles. No obstante, cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las fuerzas armadas debe ser:

a) Extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso;

b) Subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial;

c) Regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia, y

d) Fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.”

Por si fuera poco, en noviembre pasado, expertos de la ONU, presidentes de los Grupos de
Trabajo para Procedimientos Especiales sobre Desapariciones Forzadas, Detención Arbitraria, Derecho a la Privacidad, sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, sobre Ejecuciones Extrajudiciales y sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Expresión, señalaron numerosas Recomendaciones emitidas por diversos mecanismos de la ONU, respecto a “la necesidad de restringir la participación de las Fuerzas Armadas” en tareas de seguridad.

Los expertos se han manifestado a favor de “separar debidamente las funciones policiales y militares, así como de instituir mecanismos efectivos de control civil y garantizar la rendición de cuentas por las violaciones a los derechos humanos” cometidas por integrantes de las Fuerzas Armadas.

Los titulares de las relatorías “urgieron al Estado mexicano a no adoptar ninguna medida que consolide el paradigma militar en materia de seguridad”, dice el posicionamiento.

Es preocupante entonces que, a pesar de que el Presidente prometió convocar a una consulta ciudadana para el próximo 21 de marzo a fin de avalar la existencia de la Guardia Nacional, los trámites para su creación ya comenzaron en el Congreso, y el Gobierno ya presentó un plan para incorporar a esta fuerza a la Policía Federal (que desaparece), a la Policía Militar y a la Policía Naval, además de reclutar a 50 mil jóvenes que integrarían ese cuerpo con entrenamiento militar, sin control civil operativo ni participación ciudadana.

México no es hoy un país en conflicto bélico interno o externo que merezca la militarización de la vida civil. El país es considerado una democracia que, si bien sufre un grave problema de violencia criminal que ha costado más de 240 mil muertos por homicidios dolosos a partir de la Guerra al Narco, de altos índices de corrupción e impunidad y de graves violaciones a los derechos humanos que han merecido resoluciones condenatorias de los organismos mundiales, tiene aún fuerza institucional para, no sin dificultades, superar sus propios retos.

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

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