“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección…”

TIJUANA BC 7 DE ENERO 2019.-Muchos hablan de la carga económica y social para México, en particular para Tijuana, que representan los desplazados centroamericanos que aspiran a cruzar al vecino país del norte, integrantes de la Caravana de migrantes que huyen de la extrema violencia y de la miseria en sus países de origen.

La idea está íntimamente asociada al rechazo a ese grupo social, con una fuerte carga de xenofobia y de racismo, producto de la desinformación y de fuertes prejuicios y miedos, sorprendentemente también, entre estratos medios y profesionistas. Como nunca antes, abogan ahora por los pobres y por los indígenas mexicanos, en lugar de los centroamericanos.

El rechazo llegó a su clímax con las declaraciones del alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, quien, sacando raja política para abonar a sus aspiraciones reeleccionistas, atizó al fuego contra los centroamericanos de quienes afirmó: “No me atrevo a calificarlos como migrantes (…) Son una bola de vagos y mariguanos”, agregando que “cualquier miembro de la caravana migrante que no respete la ley o la tranquilidad de los tijuanenses será presentado al Instituto Nacional de Migración para que sea regresado a su país de origen”. El mismo discurso de Trump contra los mexicanos.

Y en efecto, migrante centroamericano que llegaba a la Estancia Municipal de Infractores por presuntas faltas administrativas, varios vía detenciones arbitrarias, era entregado al INM para su deportación, aún en contra de lo establecido por el Artículo 144 de la Ley de Migración: “Será deportado del territorio nacional el extranjero presentado que: (…) IV. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano…”

Juan Manuel Gastélum se aventó una frase populista de lujo: “los derechos humanos son para los humanos derechos” justificando posiciones xenófobas y racistas de buena parte de la población, que estigmatiza a los migrantes, rayando en preocupantes expresiones de odio. En consecuencia, los integrantes de la Caravana en Tijuana son ahora desalojados forzosamente de los albergues cercanos a la línea fronteriza enviándolos lo más lejos posible, haciéndole el trabajo sucio a Trump.

Ante la visita del Presidente López Obrador a Tijuana este domingo 6 de enero, un grupo antimigrante hizo un llamado a manifestarse, mediante consignas de repudio a la firma del Pacto Global por la Migración, “ordenando” al Senado a “derogar dicho acuerdo”, respeto a la soberanía nacional y “que el erario público deje de ser usado para las contingencias extranjeras”, movilización que apenas llegó a juntar una veintena de personas. 

No hay autoridad que pare esta ola de violencia racial. Tuvo que venir una ONG, “Alma Migrante”, a presentar un recurso de amparo para frenar las declaraciones xenófobas del alcalde Gastélum y la entrega ilegal de migrantes al INM por el ayuntamiento, protección concedida por el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo. 

A consecuencia de esto sucedieron dos cosas: primera, el alcalde de Tijuana declaró que “demandará al juez” ante segunda instancia, según él, basado en el principio constitucional de libertad de expresión y, segunda, buena parte de la población, que repudia al alcalde Gastélum por la ola de homicidios violentos en Tijuana, como nunca en la historia de la ciudad (más de 2,400 en 2018), apoya ahora a Gastélum en este discurso, dándole una bocanada de aire a sus ansias reeleccionistas.

Mientras tanto, en las redes sociales prolifera la ola de repudio a los activistas y organismos defensores de migrantes y de los derechos humanos. Aún así, hay todo un ejército de voluntarios y donadores que sostienen la ayuda humanitaria a los centroamericanos.

Dígase lo que se diga y a pesar del rechazo social a los migrantes, las autoridades de los tres órdenes de gobierno, incluidas las de Tijuana, deben obedecer el mandato que les impone el tercer párrafo del artículo 1º Constitucional: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.” 

Por si fuera poco, el último párrafo del artículo 1º de la Carta Magna prohíbe toda discriminación “motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social (…) o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. Por supuesto, esto no tiene que ver con la calidad migratoria de los extranjeros, sujetos a deportación sólo si cometen delitos.

Aún que fuera una mayoría de la población quien deseara la expulsión del país de los integrantes de la Caravana Migrante, las autoridades tienen el deber legal, político, social, ético y moral de protegerlos, cumpliendo con el mandato Constitucional y con los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es Estado Parte, recordando que, quiéranlo o no, esa población xenófoba también está obligada a cumplir con los tratados internacionales por ser parte del Estado Mexicano. 

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.