Cuenta voces
Por: Armando Lares.
TIJUANA BC 8 DE DICIEMBRE 2018 .-En nuestro país los ciudadanos y la política no tienen la mejor relación, esto ha quedado demostrado a lo largo de la historia, tal repudio eleva su nivel cuando se habla de corrupción, falta de transparencia y la negación a rendir cuentas; alcanzando el máximo encono cuando se trata del mal uso de los recursos públicos, el dispendio y el manejo discrecional del presupuesto.
Este tema surge derivado del debate que generó la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución, una nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018.
Dicho ordenamiento jurídico sienta las bases sobre las percepciones que deben recibir quienes laboran en el servicio público federal y establece en su artículo sexto fracción primera, que; “Ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Esta disposición tiene su fundamento en el artículo 127, de la CPEUM, que en su fracción segunda estipula que; “Ningún servidor público podrá recibir remuneración, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República”.
Como ejemplo tenemos que en el Presupuesto de Egresos 2018, se estableció que el ingreso mensual del ciudadano Presidente de la Republica fuera de 207 mil pesos, más algunas prestaciones adicionales, una cantidad que parece alta pero puede ser relativa al ejercicio de sus funciones, sin embargo tenemos en comparación los ingresos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, designados antes de la reforma de 2009, sus percepciones son de 269, mil 215 pesos, más una prima vacacional de 444 mil 380, y un ingreso adicional de 554 mil 595 pesos por concepto de pago por riesgo, lo que representa un total anual de 4 millones 299 mil pesos, en comparación de los 3 millones 115, mil pesos que aproximadamente ingresa el Presidente de la República.
Por otra parte, encontramos que en el Poder Judicial cuentan con las plazas más jugosas que tiene el servicio público, donde hay más de 30 funcionarios con ingresos superiores a los 111 mil pesos, a esto agreguemos los ingresos del Auditor Superior de la Federación, que oscila en los 198 mil pesos mensuales, así como los emolumentos de los coordinadores, contralor , tesorero y secretario general de la Cámara de Senadores que van desde los 156 mil hasta los 185 mil pesos.
De la misma forma tenemos que los consejeros del INE, perciben mensualmente 249 mil pesos; por su parte los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la suma anual de sus ingresos es de 2 millones 993 mil pesos, asimismo los ministros de la Corte que fueron designados a partir de la reforma de 2009, devengan un ingreso mensual de 247 mil pesos, más un pago anual por riesgo de 805 mil pesos.
Estos son solo algunos ejemplos de lo que esta en juego en la permanencia de esta nueva Ley, pues el nuevo Jefe de Estado ha manifestado que su sueldo será de 108 mil pesos mensuales, esto podrá verificarse hasta que este disponible el PEF 2019.
La Ley en comento establece de manera clara que nadie podrá ganar más de lo que gana el Presidente, lo que representaría para muchos una disminución de cerca del 50% de sus ingresos.
Ante esta polémica, la CNDH ha interpuesto una Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, igualmente la oposición encabezada por 55 Senadores del PRI, PAN, PRD, MC y un Senador sin partido promovieron por su cuenta un recurso similar, mismo que deberá ser resuelto por los ministros de la Suprema Corte, tal y como lo establece el 105 constitucional.
En efecto, los ministros deberán resolver en definitiva, sobre una Ley que los obligaría a ganar menos, no solo a ellos sino a muchos servidores públicos de cargos de primer nivel, eso pondrá a prueba la interpretación constitucional, y el interés de la oposición; que busca que se sigan conservando los altos sueldos que devengan muchos funcionarios, mientras tanto la corte ya ordenó la suspensión.
Esto nos sirve como reflexión, para ver cual debe ser la prioridad para el Estado Mexicano, donde la economía aprieta; prueba de ello es la situación que se vive en Baja California, donde el gobierno estatal tiene complicaciones para cubrir los salarios de maestros y funcionarios.
Siendo objetivos se debe revisar si la Federación devuelve de manera equitativa al Estado, las participaciones que aquí se generan. Además esto deberá sentar las bases para avanzar hacia la sociedad que queremos, puesto que la desigualdad sigue siendo un obstáculo para el desarrollo de la nación.
Lararium: No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala. “Benito Juárez”.
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