AL FILO DE LA NAVAJA
Por: Raúl Ramírez Baena*

TIJUANA BC 12 NOVIEMBRE 2018.- En base a la Ley Orgánica y al Estatuto General de la Universidad Autónoma del Estado de Baja California (UABC), la Junta de Gobierno emitió en días pasados la convocatoria para la inscripción de quienes desean aspirar a la rectoría de la institución académica.

El Mtro. Daniel Solorio Ramírez y el Dr. Jesús Francisco Galaz Fontes, ex directores de la Facultad de Derecho y de la Fac. de Ciencias Humanas, Campos Mexicali de la UABC, respectivamente, ambos jubilados, procedieron a inscribirse para participar en dicho proceso.

Cuál no sería la sorpresa que fueron rechazados por la Junta de Gobierno al imponerles el Estatuto General de la UABC, que condiciona a los aspirantes al puesto de Rector a: “Ser miembro del personal académico de la Universidad, con una antigüedad no menor de cinco años inmediatos anteriores al día de la elección”. Por supuesto que el Mtro. Solorio y el Dr. Galaz, en su calidad de jubilados, hoy no forman parte activa del “personal académico”.

Pero resulta que esa restricción prevista en el Estatuto General es jerárquicamente inferior a la Ley Orgánica de la propia institución, que no incorpora impedimento alguno en ese sentido y, por si fuera poco, muy inferior a los derechos a la Igualdad, al Principio Pro Persona y a la No Discriminación, amparados por el Artículo 1º de la Constitución federal.

Por donde se vea, los dos académicos jubilados estaban en lo cierto al demandar a la UABC mediante el juicio de amparo, concediéndoles la razón el Juez Cuarto de Distrito con sede en Mexicali. Con tal resolución, procedieron a inscribirse en tiempo y forma. Así, sólo mediante resolución judicial, fue posible que mantuvieran a salvo sus derechos en este proceso.
No dudo que el Abogado General de la UABC y los asesores legales del actual Rector, Juan Manuel Ocegueda Hernández, ignoren la jerarquía de las leyes y los derechos que amparan a Solorio y a Galaz para aspirar a la Rectoría, lo que nos llevaría a pensar que el impedimento inicial de las autoridades universitarias fue una decisión política más que jurídica.

Para nadie es un secreto que la UABC vive desde hace varios años el gobierno de un solo hombre, el Dr. Alejandro Mungaray Lagarda, ex Rector y ex Secretario de Economía del Gobierno del Estado de BC, quien desde el año 2002 hasta la fecha influye decididamente en el nombramiento de los principales funcionarios universitarios, incluido el Rector, lo que ha convertido a la institución pública en un ente oficialista del gobierno estatal, burocratizada y cooptada, anulando de facto los principios que dieron origen a la autonomía universitaria y a su independencia política y administrativa de los poderes públicos y fácticos.

Desafortunadamente, la UABC, al igual que la mayoría de las universidades públicas y privadas del país, es una institución académica en la que poco se ejerce la crítica y el debate en torno a la universalidad de las ideas, que impone el pensamiento único propio del modelo de educación “por competencias” al servicio del Mercado Laboral, impidiendo con ello la formación científica, tecnológica y humanista del alumnado, de la creatividad y el pensamiento crítico, tolerante y plural, necesarios para la formación integral, de principios y de valores democráticos. En cambio, inhibe el compromiso social para con la sociedad y con las comunidades de las que provienen sus egresados.

Las únicas voces que se han atrevido a criticar públicamente al gobierno único de la UABC y sus políticas, son el Mtro. Daniel Solorio y el Dr. Jesús Francisco Galaz. Han sido los “incómodos” de las autoridades universitarias por lo menos desde hace más de 12 años. El Mtro. Solorio fue despedido injustificadamente mientras impartía sus clases en la Fac. de Derecho, Campus Mexicali, teniendo que ser reinstalado mediante orden judicial y la presión social, y el Dr. Galaz sufrió de fuertes presiones para dejar de publicar su “Observatorio Académico Universitario”, espacio crítico para el análisis de las políticas en la UABC, por ello su rechazo en primera instancia por la actual Junta de Gobierno a sus legítimas aspiraciones a la rectoría de la UABC.

La UABC, que va a elegir al Rector para los próximos 4 años, debe cumplir la función que la Constitución le asigna a la institución pública de Educación Superior como rector de la educación en el estado (cosa que no ha hecho de manera atingente); entender que en México ya se respiran aires nuevos de democracia, por lo que debe escuchar a la ciudadanía y a diferentes actores sociales, ya que la universidad pública es de la comunidad universitaria y del pueblo, no de la burocracia universitaria, por lo tanto, que su decisión respecto al nuevo Rector debe ser imparcial, objetiva, justa, transparente y democrática.

Por la inercia que ha mostrado en los últimos años, las autoridades que gobiernan la UABC no se han percatado que es la máxima Casa de Estudios, que está hoy casi desvinculada del contexto social, sin compromiso con las demandas ciudadanas y sin estrechar lazos con las organizaciones de la sociedad civil.

En México ya no se pueden seguir reproduciendo en las instituciones del Estado los métodos de corte autoritario que nos han gobernado durante más de 70 años.

* Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.