Por: Javier Iván Maldonado Preciado
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TIJUANA BC 4 DE NOVIEMBRE DE 2018.- Indudablemente, el título de esta columna es exagerado e injusto. A lo largo de la historia de nuestro Estado, habremos encontrado gobiernos buenos y gobiernos malos, en distintas escalas. Algunos otros están en proceso de ser juzgados por la historia, sin embargo, la percepción generalizada en nuestra sociedad es que Baja California, en general, ha sido gobernada con ineficiencia. En honor a la verdad, esta tendencia se extiende por toda Latinoamérica, donde la percepción es que nuestros gobiernos se encuentran más cercanos a catalogarse como “malos” que como “buenos”.

Debemos afirmar que todo gobierno es –en buena parte- reflejo de su sociedad, aunque esto solo puede percibirse analíticamente. No es mi objetivo repartir culpas a distintos sectores, pero vale la pena no evadir nuestra responsabilidad como ciudadanos (respeto a los marcos normativos, cultura cívica, etcétera). Me explico: un gobierno que fomenta políticas públicas en pro de disminuir el sobrepeso, probablemente tendrá mejores resultados si su población acompaña dichas políticas con una conducta acorde a ellas, por ejemplo, una alimentación balanceada o un estilo de vida no sedentario, al igual que un gobierno que promueve políticas públicas a favor de un mejor sistema de alcantarillado tendrá probablemente mejores resultados si su población se apega a una buena conducta cívica, por ejemplo, no tirar basura en las calles o mantener su entorno higiénico.

Pero no toda la responsabilidad es meramente de los ciudadanos, de hecho, son estos los menos responsables (o almenos teóricamente), ya que el papel fundamental del Estado es garantizar el bien común de su población y es el deber de las instituciones tener la capacidad de afrontar cada problemática con eficacia, mediante un buen gobierno por políticas públicas (en el mejor de los casos).

Las políticas públicas deben gozar de una profunda legitimidad. Los gobiernos no deben ser vistos como máquinas expendedoras, donde el ciudadano introduce sus impuestos/recursos y de esa manera obtiene servicios públicos (seguridad pública, alumbrado, suministro de agua, infraestructura, etcétera). Por el contrario, el proceso de generación de estos servicios debe legitimarse, de tal forma que los gobernados podamos cerciorarnos de que el proceso ha sido democrático, que se han consultado a diversos grupos de interés, que se ha agotado el debate sobre el diseño, la implementación y cómo se evaluarán los resultados de cada política.

Lo anterior implica que todos los grupos interesados debieron haber sido consultados y tratados igualitariamente, sin distinción por su clase social, raza, etnia, género, etcétera. La eficacia y la eficiencia solo pueden alcanzarse a través de la apertura al debate y convivir en el entorno de una amplia variedad de intereses. Un mal ejemplo de ello es la construcción de la cervecera “Constellation Brands”, donde la percepción ciudadana es que el actual gobierno de Baja California actuó solo en favor de un grupo de poder económico, sin tener en cuenta las diversas opiniones de los pobladores aledaños a la zona de construcción, ni los diagnósticos de estudios profesionales independientes.

En este punto comienza a tener estructura nuestro planteamiento central: nuestros gobiernos han sido mayoritariamente malos, porque se han negado a convivir con un entorno democrático, de pluralidad y debate, mediante el cual sus acciones puedan enriquecerse y legitimarse. Se han ganado a pulso la percepción de ser malos, porque no han sido capaces de entender que –en su rol democrático- deben ser capaces de convencernos de sus propias posturas, con argumentos y apertura, sin dejar de mencionar que no han rendido cuentas eficientemente.

Los gobiernos se juegan en todo momento su legitimidad, pero es justo mencionar que existe un factor adicional en la percepción de “malos gobiernos”: la incertidumbre.  Es decir, muchos resultados de políticas públicas implementadas verán sus frutos en el mediano o largo plazo (que pueden ser buenos o malos resultados, de ahí el término “incertidumbre”). Además, las decisiones se toman en un entorno donde existe la oposición de distintas fuerzas políticas y de la sociedad civil, las cuales ejercen presión y complican –pero legitiman- las acciones gubernativas.

Un último factor -que, aunque es el más evidente, no deja de ser importante- es el hecho de que los decisores son seres humanos con conocimientos, racionalidad e información limitada, de igual forma, sus buenas intenciones iniciales pueden verse degeneradas con el paso del tiempo. Estos actores no pierden dicha condición por ganar un puesto público de mayoría o por haber sido designados para su encargo, de ahí la importancia de saber elegir a nuestros gobernantes y la responsabilidad de estos por elegir a personal capaz o cuando menos experimentado, para minimizar la probabilidad de un mal gobierno.  

En conclusión, un gobierno que aspire a ser clasificado como “bueno”, debe ser capaz de transparentar sus decisiones, ganarle (mediante argumentos) el debate público a sus opositores, antes de imponer o desechar una política pública controversial (remítase al caso del periodo de la siguiente gubernatura). Debe proveer servicios públicos a la sociedad, a la vez que vuelve a esta parte del proceso de diseño, implementación y evaluación de los programas, está obligado a garantizar un terreno parejo para todos sus gobernados (por decirlo de alguna manera), rendir cuentas y ser un instrumento para la conciliación de intereses legítimos. Está llamado a castigar el uso ineficiente de los recursos públicos y respetar los derechos de las minorías.

Para darle continuidad o no a un plan de gobierno, los ciudadanos debemos evaluar si nuestros gobiernos cumplen con un balance positivo en dichos parámetros y actuar en consecuencia durante los procesos electorales. Solo de esta manera podremos transitar hacia gobiernos eficientes o por lo menos les haremos saber que gobernar ineficientemente tendrá como consecuencia la alternancia en el poder.

Es egresado de la Licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Baja California, campeón nacional de investigación política y ex Presidente del Parlamento de la Juventud del Estado de Baja California.

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.