Columnista:Marco Antonio Samaniego Lopez

TIJUANA BC 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (AFN).- En días pasados, un sector social inconforme con respecto a los conflictos de agua que se
registran en la entidad y que particularmente se han concentrado en Mexicali, indicaba que se estaba construyendo una toma para realizar entregas de agua a Estados Unidos. Señalaron en videos que circularon en las redes sociales, que la minuta 323 le daba tal condición al gobernador del estado, es decir, entregarle agua a Estados Unidos.

En los cientos de comentarios que se registraron y que aparecen en la emisión, quienes
observaron el video remarcaban los errores del gobernador en turno y como sus acciones eran
criminales. Los insultos eran de todo tipo y las afirmaciones de los comentaristas, salvo excepción, están enmarcadas en afirmaciones negativas sobre la acción del ejecutivo estatal y la relación con la minuta 323.

Por nuestra parte, nos resulta oportuno indicar que sin que este texto pretenda defender al
actual encargado del poder ejecutivo, señalamos que la minuta en cuestión no es parte de las atribuciones del gobernador de la entidad, sino de la Comisión Internacional de Límites y Aguas/International Boundary and Water Commision. Colocar el nombre completo no es un acto de petulancia, es la manera como se debe de entender el funcionamiento de una comisión de orden binacional; es decir, es una sola y en cada país se tiene una sección. La sección mexicana, conocida comúnmente como CILA, sólo puede entenderse en su relación con la sección estadounidense, como una unidad, aunque en los temas de manejo cotidiano y presupuestal se direccionan de manera
diferenciada. 

En los temas en que inciden la decisión no es sólo de una sección, sino de la CILA/IBWC como conjunto, aunque en varias ocasiones han tenido conflictos y se han presentado claras diferencias con respecto a varios temas. Los más conocidos son lo referente al Chamizal – ubicado en Ciudad Juárez – y el referente a la salinidad de las aguas de drenaje de Wellton-Mohawk, tema ubicado socialmente como el problema de la salinidad del río Colorado en la década de 1960.

Esta Comisión es de orden binacional. En México depende de la Secretaría de Relaciones
Exteriores y en Estados Unidos del Departamento del Interior. Las decisiones sobre puentes, límites,

aguas de drenaje, establecimiento de construcciones, zonas de impacto ambiental. Se han firmado tratados en 1905, 1906, 1933, 1944, 1970, 1972, así como más de quinientas minutas en las que se acuerdan numerosos aspectos técnicos que implican trabajos de investigaciones de ingenieros y abogados. Con respecto a las minutas existen dos series, la primera es de 1894 a 1923, la segunda de 1924 a la actualidad, por ello la minuta es cuestión es la 323.

Los gobiernos de los estados no forman parte de la mencionada comisión. Para el caso de Baja California, dado que en la década de 1960 los gobernadores de la entidad eran conocedores del tema (Sobre todo en el caso del ing. Eligio Esquivel) la legislación le dio una supremacía al representante del ejecutivo, no a los municipios, para crear y administrar el organismo operador del agua. Si bien aquí se requiere mencionar detalles sobre la relación con los municipios, en este breve escrito no lo desarrollamos. Lo claro es que los gobernadores de los estados de la frontera norte no son parte de la CILA/IBWC. Ellos, sólo hasta años recientes, han opinado sobre algunas decisiones, pero no forman parte de la mencionada institución. Dicho de manera sencilla, no está en su jurisdicción lo relativo a las decisiones sobre los ríos internacionales, aunque sí el organismo operador de la entidad.

La minuta 323, vinculada directamente a la 319, establece un conjunto de acuerdos en los que se contempla la inversión de poco más de 31 millones de dólares provenientes de los Estados Unidos para realizar mejoras en los sistemas de distribución del agua en el Valle de Mexicali. La preocupación es clara: hacen la inversión para tratar de eliminar las enormes pérdidas que se registran en el valle. Es decir, beneficiados directos son campesinos del valle de Mexicali. La razón de buscar eliminar las pérdidas de agua; resultado de ello, poder incorporar a los mercados de agua los ahorros que se logre realizar una vez efectuadas las obras. Dicho de manera simple, ahorrar agua para tratar de venderla, ya sea a Estados Unidos ya sea a las ciudades de nuestra entidad. De igual forma, se busca consolidar los avances en el cuidado de las zonas riparias del río, de lo cual ya se registran avances a partir de la minuta 319.

Esta lógica, de la que aquí apenas se ha esbozado una breve síntesis, empezó desde mucho
antes que Francisco Vega fuera gobernador. CILA/IBWC no depende del gobernador, no está en sus funciones, el organismo operador en Baja California recibe el agua que está vinculada a los planes de entrega que se realizan cada año por CILA. Es el Grupo Técnico Binacional el encargado de los acuerdos y de tratar de establecer la cooperación posible. Cuando menos en el plano formal, nadie depende de lo que el gobernador desee. Dicho grupo, fue establecido en CILA/IBWC como parte de acuerdos del año 2000 y se fue consolidando en los primeros dos lustros del presente siglo.

No se trata, pues, de defender al actual gobernador, sólo de hacer distinciones que permitan a quien se muestre interesado en ubicar la problemática del agua en el contexto fronterizo en toda su
dimensión.