AL FILO DE LA NAVAJA
Por: Raúl Ramírez Baena*

TIJUANA BC 3 SEPTIEMBRE 2018.- El colectivo #SeguridadSinGuerra, integrado por más de 300 organizaciones y personas, publicó recientemente un Comunicado en el cual externa su preocupación por “la falta de claridad sobre un plan de retiro gradual de las Fuerzas Armadas y el restablecimiento del orden constitucional.”

El nuevo Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, expresó que la Ley de Seguridad Interior "es insostenible, tiene que haber un regreso gradual del Ejército a sus funciones normales, porque el país no puede vivir siempre en un Estado de excepción y se necesita tomar todas las providencias para eso.”
¿Se puede pacificar con fusiles a un país?

Los teóricos de la Revolución Social han planteado, desde la Comuna de París del S. XIX, pasando por las tesis marxistas hasta las revoluciones del S. XX en los países de África, Asia y América Latina (incluida la interrumpida Revolución Mexicana), que la emancipación proletaria para la justicia social y la paz mediante el cambio estructural que venza al autoritarismo y al colonialismo, sólo es posible a través de las armas, de la “violencia revolucionaria”, tesis que tuvo experiencias exitosas en países coloniales o dominados por dictaduras. 

En pleno S. XXI, en la era neoliberal de la economía, la vieja teoría revolucionaria ha sido aplastada por la capacidad policíaca y militar de los gobiernos actuales, más armada y tecnificada, y por el control y alienación de las masas de trabajadores por el capital financiero internacional, impuesto mediante el aparato gubernamental dominado por la clase empresarial a través de los medios electrónicos, para concretar el modelo educativo neoliberal, la pauperización de los salarios, el consumo de artículos superfluos, el corporativismo sindical, la violencia, el miedo, el odio, el linchamiento y el rechazo a los derechos humanos, incluso, usando la religión, la violencia, el odio, el linchamiento y el miedo como control social, anulando la lucha de clases del proletariado como salida viable a la explotación.

El proceso de privatización de los derechos sociales (educación, salud, vivienda, agua, recreación y cultura, alimentación, medio ambiente) sigue irremediablemente, contrario al modelo de Estado Benefactor surgido tras la Segunda Guerra Mundial, la creación de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados que la precedieron, hoy letra muerta para la mayoría de los Estados.

La paz y la justicia social ya no pueden ser reivindicados por la clase trabajadora, anhelos fuertemente trastocados por una nueva amenaza social como es el tráfico de las drogas, que garantiza a través del mercado su comercialización y su control bursátil altamente lucrativo en el mercado financiero mundial (el dominio de las leyes de la oferta y la demanda) y por medio de las adicciones, provocando en consecuencia altos niveles de violencia en los países productores, de tránsito, distribuidores y de consumo de droga como los EUA, Colombia, México y Centroamérica, para proteger los intereses del capital, no de las personas. Así, no hay tal combate a la producción, tráfico y comercialización mundial de las drogas, sino su administración y su control financiero y de mercado mediante el uso de la violencia. No podría ser de otra manera. 

En esas circunstancias, cualquier plan de pacificación y reconciliación nacional como la propuesta original de AMLO, basada en la idea de la paz y la reconciliación, sufre irremediablemente fuertes presiones del capital financiero internacional, donde circula el dinero ilegal generado por el tráfico trasnacional de las drogas y su consecuente violencia. Entonces, la pacificación del país difícilmente se podrá consolidar con la sola intención de acabar con la violencia, que es exacerbada por la militarización como garante del statu quo. 

La crisis de inseguridad y de violencia que vive hoy México ha llegado a tal grado de contradicción que hoy nos planteamos la disyuntiva entre seguir con la violencia que genera la militarización de la seguridad en las calles (allanamientos ilegales, detenciones ilegales, tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial) o prescindir de ellos, lo cual, igualmente, genera violencia y control de comunidades enteras por el crimen organizado. 

Nada de esto pasaría si no se hubiera dejado crecer a la delincuencia organizada y su gran capacidad de violencia, extorsión y sobornos a gobernantes, y amenazas y violencia extrema contra autoridades locales, pobladores y familias.

La estrategia iniciada por Ernesto Zedillo seguida por Vicente Fox, exacerbada por Felipe Calderón con su “Guerra al Narco” y continuada por Enrique Pela Nieto, ha hecho depender a tal grado a la autoridad civil de la intervención militar en el ámbito de la seguridad pública, a todas luces anticonstitucional, que hace casi imposible para cualquier gobernante prescindir de la fuerza militar en el corto plazo, no para acabar con el narco y la violencia, sino para “controlar” y “administrar” la presencia criminal con nulas posibilidades de acabar con ellos. Así, estamos atrapados en una trampa, en un círculo vicioso sin fin y en una vorágine de delitos y de violaciones a los derechos humanos sin posibilidad reales de reparar los daños a las víctimas, que es la base de la reconciliación. 

De no construir una alternativa viable y efectiva en el gobierno de AMLO, con el apoyo popular obtenido en las urnas, el caos que inició Calderón se reciclará irremediablemente.

* Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.