Melissa Ley Cervantes
Catedrática Conacyt- El Colegio de la Frontera Norte

Como parte de las negociaciones bilaterales en materia migratoria entre México y Estados Unidos, está la propuesta del gobierno estadounidense de nombrar a México como un “tercer país seguro” para los solicitantes de asilo provenientes de los países del Triangulo Norte de Centroamérica (sí, esos que últimamente ha visto en los medios siendo separados de sus hijos).  El concepto del tercer país seguro parte del supuesto de que las personas que solicitan asilo en un país- en este caso Estados Unidos- pueden recibir el mismo tipo de protección en otro país –en este caso México- y por lo tanto sería a quien tendrían que pedir el reconocimiento de su condición de refugiados.

En teoría, los terceros países seguros alivian la carga –demográfica, económica y social- que pesa sobre los países que reciben más solicitudes y redistribuyen a los solicitantes de forma más equitativa en distintos países. Por supuesto, de cara a la persecución y amenaza de la que vienen huyendo quienes buscan protección internacional, el concepto de seguridad resulta relativo. Sin embargo, el mínimo indispensable para considerar a un país como seguro en términos de la Convención sobre los Refugiados de 1951, es que se respete el principio de “no devolución” (es decir, que no se regrese a las personas que corren riesgo en sus países de origen), pero también que se garantice el acceso a la residencia, al mercado laboral, a servicios médicos y educativos y el derecho a la reunificación familiar. Y bueno, que su integridad física esté garantizada.

En la práctica, si México es designado como “tercer país seguro” los agentes fronterizos estadounidenses podrían rechazar a aquellas personas que cruzaron México para buscar asilo en Estados Unidos, obligándolos a realizar la petición en nuestro país y dejándolos en la desprotección absoluta en un país que ciertamente no puede ser designado como “seguro” bajo ningún estándar: no lo es para los mexicanos, mucho menos lo es para los extranjeros.

Además, hay que recordar que Estados Unidos tiene una deuda histórica con estos refugiados, pues su éxodo está directamente relacionado con los efectos de la influencia estadounidense en la región: guerras civiles, crisis económicas y violencia pandilleril. Pero sobretodo se tiene que tener en mente que en muchas ocasiones estas personas tienen vínculos familiares y redes de apoyo ya establecidas en Estados Unidos. 

A esto hay que sumarle los miles de migrantes –mayoritariamente centroamericanos- que se encuentran varados en distintas ciudades mexicanas, y los otros tantos miles de mexicanos retornados o deportados desde Estados Unidos que simplemente no encuentran cabida en México,  y que efectivamente se están uniendo a la población indigente de nuestras ciudades sin que haya un plan en marcha para incorporarlos de manera digna a la sociedad y para garantizar su seguridad dada la vulnerabilidad acentuada que tienen frente al crimen organizado.

De acordar ser un “tercer país seguro”, México  no sólo estaría precarizando aún más la situación de quienes ya están intentando establecerse en el país y saturando la ya de por sí insuficiente estructura de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado. Seamos claros, de reconocerse como “tercer país seguro” México estaría utilizando la vida, la seguridad y la unidad familiar de miles de mujeres, hombres y niños centroamericanos como moneda de cambio en una negociación en la que de por sí las personas migrantes llevan las de perder. 

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.