Palco de Prensa
Por: Gilberto LAVENANT

Una de las dependencias más ineficientes, aunque su titular, Rommel Moreno Manjarrez, es el publirrelacionista del gobierno del estatal, con mayor proyección, lo es la Procuraduría de Justicia del Estado. Prueba de ello es que según un estudio del Colegio de la Frontera Norte, dado a conocer a inicios del pasado mes de marzo, indica que Baja California ocupa el primer lugar en México en delitos del fuero común, con una incidencia delictiva de 4 mil 497 casos por cada 100 mil habitantes.

El investigador del Departamento de Estudios Económicos del Colef, Salvador González Andrade, señaló que para que esto ocurra, inciden factores como la falta de seguridad social y la mala administración de los recursos federales para garantizar educación, alimentos y las necesidades básicas que requiere una familia.

Vamos por partes. Lo que el investigador puso de manifiesto, es que es alta la incidencia delictiva y que las causas de ello son una serie de factores que no son precisamente responsabilidad de la Procuraduría de Justicia, pero si del gobierno estatal que encabeza el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán. Lo que atañe a la institución encargada de combatir la incidencia delictiva, investigando y persiguiendo delincuentes, es que su ineficiencia genera impunidad y la impunidad por sí misma, alienta a los delincuentes a seguir cometiendo ilícitos.  

Hace unos días, el Lic. Francisco Domínguez, Coordinador de Directores del Instituto de Estudios Legislativos del Congreso del Estado, manifestó que es preocupante el número de averiguaciones previas que se tienen en la Procuraduría de Justicia del Estado sin resolver. Del 2006 al 2010, se han registrado en la entidad 3 mil 496 homicidios dolosos, respecto de los cuales solamente se han turnado 589 averiguaciones previas a los juzgados penales.

Esto significa, que de los domicilios dolosos registrados en cuatro años, la Procuraduría de Justicia tiene 2 mil 907 sin resolver. Y seguramente muchos de ellos fueron turnados para su investigación a la Procuraduría General de la República, por estar relacionados con el crímen organizado, lo que reduce notablemente el trabajo de la estatal.

El Licenciado Domínguez observa que tan sólo en el 2010, hubo 900 homicidios, de los cuales sólo 50 asuntos han sido consignados a los tribunales penales. Por lo tanto, dijo, es necesario solicitar a Moreno Manjarrez que explique la causa de tanta ineficiencia.

En tono de broma, y bastante ironía, Domínguez comentó que Rommel, que se la pasa viajando, firmando convenios de coordinación, participando en foros nacionales e internacionales, promoviendo el sistema de Justicia Alternativa y el NuevoSistema de Justicia Penal, que no le corresponden, pues son parte del Poder Judicial del Estado, en la ciudad de Mexicali pidió perdón a un grupo de mujeres por los feminicidios que se han registrado en la capita, y cuestiona : ¿Se la va a pasar pidiendo perdón a todos ?

Pero eso no es todo. El pasado 20 de enero, ante integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, encabezado por Mario Escobedo Carignan, el Procurador Moreno Manjarrez presumió que durante el año 2011 y lo que va del 2012, la dependencia a su cargo no ha recibido denuncias por privación ilegal de la libertad y secuestro, lo que fue motivo para que le hicieran un reconocimiento.

Sin embargo, el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de Oscar Vega Marin, aspirante a la gubernatura de Baja California, informó que tan sólo en el 2011, en Baja California se presentaron 64 denuncias por los citados delitos y en enero y febrero del 2012, se recibieron 3 denuncias más. Si el señor Procurador de Justicia, sigue diciendo mentiras con tanta ligereza, corre el riesgo de que le crezca la nariz.

Por otra parte, el domingo 26 de febrero, Nancy Sánchez Arredondo, entonces en funciones de diputada local, hizo circular un comunicado en el que manifestaba : “…En días recientes, hemos escuchado en los medios electrónicos y leído en los diarios locales, mensajes triunfalistas de las autoridades federales y estatales, sobre los presuntos avances de la seguridad en nuestro estado y “cómo se va ganando camino al fenómeno de la inseguridad en Baja California”, sin embargo, como una ciudadana responsable, considero que es necesario reflexionar ¿Qué tanto es mito y qué tanto realidad ? Entiendo que maquillar la realidad, es lo que más conviene en año electoral”.

Sánchez Arredondo, con licencia de la legislatura y actual candidata priísta al Senado de la República, observó : “…Bien podría ser este, un hecho simplemente de apreciación de la sociedad en general, y estar o no de acuerdo en los datos que dicen favorecer el trabajo de las autoridades estatales en materia de seguridad pública, o podemos partir de datos duros que aportan las instituciones gubernamentales, o los institutos ciudadanos que aportan análisis serios sobre el fenómeno de violencia que priva en el país y en nuestro estado, en un claro encubrimiento y soberbia de las autoridades por no reconocer lo evidente”.

Agrega que “…para ubicar la dimensión del problema, del período del 2007 al 2010, de acuerdo al reporte del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad, con información del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indica que Baja California encabezó, todos los años, las denuncias del fuero común, superando en el doble los 3 primeros años al D.F., llegando al 2010 con 3 mil 426 denuncias por cada 100 mil habitantes, en tanto que en la capital fue de 2 mil 2010 por cada 100 mil habitantes”.

A la vez precisó que de acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre Seguridad 2010, no obstante que el 80 % de las víctimas de delitos tienen la intención de denunciar, sólo el 20 % denuncian, y de estos sólo el 2 % de los delitos son procesados y sentenciados. Es decir, que de cada 100 delitos cometidos, sólo se denuncian 20 y de esos, sólo 2 son resueltos con sentencias condenatorias, de forma tal que el índice de impunidad es del 98 %.

Si a una institución tan ineficiente, se le llama Procuraduría de Justicia, es sólo una mera presunción. Más bien debería llamársele : Desprocuraduría de Justicia, pues no procura nada.

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