MÉXICO 12  DE MAYO 2018 (LA SILLA ROTA).- El pasado 15 de marzo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronunció sobre el caso Ayotzinapa. Suceso trágico en donde, 6 personas murieron, 43 estudiantes desaparecieron y 40 personas más resultaron heridas.

El informe

El documento intitulado "Doble injusticia, Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa", analiza las irregularidades, las malas prácticas y las graves violaciones a derechos humanos en las que se incurrió durante la investigación de los hechos acaecidos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. La doble injusticia a la que la ONU se refiere, tiene que ver en primer lugar, con el origen de los hechos, que por sí mismos constituyen una la violación a derechos humanos; en segundo lugar, con los resultados que arrojó la investigación de la ONU en torno a 63 personas de las 129 imputadas en el caso Ayotzinapa en el que se concluye que por lo menos 34 personas fueron detenidas arbitrariamente y torturadas, circunstancia que configura otra violación a derechos humanos de quienes son imputados por los delitos inicialmente cometidos.

Ley de Seguridad Interior. Un extraño enemigo

Lo anterior es en suma relevante considerando que dichos actos, no sólo enturbian el escenario, sino que también entorpecen y aún más, pueden destruir por completo la investigación y proceso penal instrumentado, evitando con dicha acción que las víctimas conozcan la verdad y accedan a la justicia, configurándose la doble injusticia para las familias de los fallecidos, desaparecidos y heridos.

Caso Ayotzinapa

En este sentido, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Hussein Zeid Ra´ad Al, fue enfático y claro cuando declaró que: "Las conclusiones del informe apuntan a un patrón de comisión, tolerancia y encubrimiento de actos de tortura en la investigación del caso Ayotzinapa. Esta pauta no sólo constituye una violación de los derechos de las personas detenidas, sino también del derecho a la justicia y la verdad de las víctimas de los hechos de septiembre de 2014, sus familiares y la sociedad en su conjunto".

Desafortunadamente el Estado mexicano, una vez más, lejos de asumir la responsabilidad por el desaseo de la investigación, optó por descalificar el trabajo de la ONU y se manifestó preocupado por las conclusiones a las que el máximo órgano a nivel mundial en término de derechos humanos arribó, minimizando los hechos al grado de calificarlos de simples hechos aislados.

Es en este contexto, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitó medidas cautelares al Estado mexicano durante las sesiones celebradas en Bogotá, Colombia, (del 22 de febrero al 2 de marzo de 2018), con el objeto fundamental de que se realicen las acciones pertinentes de búsqueda y atención de víctimas, necesarias para la eficaz solución del caso. Actualmente, en la tercera audiencia de seguimiento, abierta de oficio (8 de mayo de 2018) por parte de la Comisión Interamericana sobre dichas medidas cautelares del caso Ayotzinapa, los comisionados Luis Ernesto Vargas Silva y Flávia Piovesan, se manifestaron profundamente preocupados por las descalificaciones realizadas por las autoridades mexicanas en torno a las investigaciones de tortura realizadas por la ONU, fomentando un falso debate sobre los derechos humanos, dañando intensamente de forma y fondo, la investigación y el proceso penal encausados para el esclarecimiento de los hechos.

A decir de los intervinientes en la audiencia celebrada Santo Domingo, República Dominicana la situación original prevalece, es decir que se sigue sin conocer la verdad y sin arribar a la justicia.

Estado de derecho

En conclusión, quedó de manifiesto, una vez más, con la actuación de las autoridades mexicanas encargadas del caso, una serie de elementos que demuestran lastimosamente, la poca o nula voluntad para brindar un mínimo de certeza en las actuaciones gubernamentales, que requieren y demandan de una verdadera, necesaria y expedita justicia.

El país ha sobrevivido a dos sexenios tan trágicos como despiadados, esperemos que el nuevo gobierno quiera y pueda encaminar nuestro futuro a un verdadero proceso de transformación de donde emane un verdadero Estado de derecho, que deberá contener una amplia protección y adecuada reparación para las víctimas del delito y garanticen la no repetición de todos estos horrores.