MÉXICO 3 DE  MAYO 2018 (LA SILLA ROTA).-El pasado 30 de abril se clausuró el último periodo ordinario de sesiones de esta Legislatura con lo que, salvo que se convoque a un periodo extraordinario -se antoja difícil en pleno proceso electoral-, prácticamente se dieron por terminadas las actividades en el Congreso ya que no es de esperarse que la Comisión Permanente tenga mucha relevancia.

A diferencia de la anterior, que se trató de una legislatura sumamente intensa a la que le correspondió jugar un papel muy importante en el denominado "mexican moment" durante la primera mitad de la administración de Peña Nieto y que se distinguió -en sentido positivo o negativo dependiendo de la óptica- por la aprobación de las reformas estructurales, es probable que a la LXIII Legislatura se le recuerde sobre todo por los múltiples pendientes que deja, y también por su resistencia a escuchar las voces de la sociedad civil organizada en la discusión de temas muy delicados y/o polémicos como la Ley de Seguridad Interior.

Es cierto que no es fácil evaluar el trabajo legislativo -desde mi punto de vista basarse en criterios cuantitativos como el nivel de productividad es a todas luces insuficiente ya que deja a un lado un aspecto fundamental como es el cualitativo-, y que no todo fue negativo como la aprobación del uso medicinal de la marihuana o de la ley general sobre desaparición forzada.

Quizá uno de los momentos más destacables, consistió en la presión ejercida por académicos y organizaciones sociales a través de la presentación de la iniciativa ciudadana denominada "ley 3 de 3" -en realidad se trataba de una propuesta de ley general de responsabilidades administrativas- acompañada con el aval de más de 600 mil firmas, y que fue un factor decisivo para que se emitiera la legislación secundaria en materia anticorrupción.

Pendientes

Sin embargo, las omisiones en que incurrió el Congreso son de suma gravedad, e incluso en uno de los casos ameritó la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se regulara la publicidad gubernamental en términos del artículo 134 constitucional y del respectivo régimen transitorio, aunque al parecer salió peor el remedio que la enfermedad, ya que la ley aprobada con los votos del PRI y sus aliados (PVEM-PANAL) unos días antes de que se venciera el plazo impuesto por la SCJN es francamente deficiente.

Otra omisión que no se explica, es que a ocho meses de que iniciara el proceso electoral más complejo en la historia de nuestro país, no se hayan podido generar los consensos para designar al magistrado faltante ni mas ni menos que en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, que es donde se resuelven, por ejemplo, las quejas relativas a la compra o adquisición de tiempos en radio y televisión.

Tampoco se ratificaron los nombramientos de 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en materia anticorrupción -que envió el Presidente al Senado desde hace un año- y aún está pendiente el titular de la fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, pero sin duda la omisión más relevante es la del Fiscal General de la República, ante la insistencia del partido en el gobierno de imponer un perfil que les sea afín –como lo hicieron en el caso del INAI-, con lo que se evidencia nuevamente que su único compromiso es con la protección de sus propios intereses. Para cerrar con broche de oro, el mismo PRI frenó de último momento la aprobación de la eliminación del fuero, que supuestamente era una propuesta de su candidato a la Presidencia -aunque en realidad se ha presentado sin éxito durante varias legislaturas y por legisladores de distintos partidos-.

No queda claro si en verdad no se han dado cuenta que son precisamente ese tipo de señales las que les han generado tal nivel de rechazo que los tiene en un lejano tercer lugar, o conscientes de su inminente derrota, tan sólo buscan blindarse sin importar el costo que implique. ¡Qué penoso fin de legislatura!

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