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México, acceso a la justicia e impunidad

Editoriales
por ULISES SANDAL RAMOS KOPRIVITZA.
 
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MÉXICO 17 DE MARZO 2018 (La Silla Rota).-Sobre la premisa fundamental de que los derechos humanos constituyen la base de la moderna igualdad, en el sentido de que corresponden a todos y en igual medida, podemos señalar que se trata de derechos indisponibles e inalienables. En este sentido, es necesario advertir que la transgresión sistemática o masiva de estos derechos, al no ser reprimidos y sancionados, indubitablemente generan nichos infranqueables de impunidad. Escenario en suma contradictorio con los principios y derechos estructuralmente necesarios para hablar de un estado democrático de derecho.

En términos generales, podemos observar que el rango de violaciones a derechos humanos es muy amplio, por tanto se hace necesario concentrar en un primer esfuerzo únicamente aquellas violaciones a derechos humanos consideradas muy graves: detenciones arbitrarias, ejecuciones extra judiciales, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y desaparición forzada. Estos delitos constituyen una violación flagrante al núcleo duro de los derechos humanos, en tanto, laceran profundamente el entretejido social, ya sea porque son cometidos directa o indirectamente por la autoridad o con aquiescencia de esta y, aún peor, si los hechos no se reconocen, no se investigan ni se sanciona a los responsables.

Violación a derechos humanos e impunidad

Ahora bien, esta dinámica perversa, en donde se encuentran inmersos ambos fenómenos: la violación a derechos humanos y la impunidad, son un lastre y obstáculo para la democracia y acceso a la justicia en México, plenamente confirmados a partir de los datos expuestos en el Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal 2017, mismo que recaba la información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los organismos públicos defensores de los derechos humanos en los estados, información provista por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). Situación que inexorablemente ubica a nuestro país entre los punteros, en lo que se refiere a la impunidad existente en materia de violación a los derechos humanos.

De esta manera, el Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal 2017, analiza entre otras cuestiones el número de quejas por violación a derechos humanos presentadas en el año 2016 ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y ante los organismos públicos estatales protectores de derechos humanos. Las cifras ofrecidas por el INEGI nos señalan que 14,959 casos se reportaron como hechos presuntamente violatorios de derechos humanos ante la CNDH, en tanto, ante los organismos públicos estatales de protección a los derechos humanos se reportaron 134,984, arrojando un total de 149,943 casos en total, de ellos, se identificó que los más recurrentes son: violación al principio de legalidad, detención arbitraria y tratos inhumanos, crueles o degradantes.

Se emitieron 1,774 recomendaciones; de estas 71 fueron presentadas por la CNDH y 1,703 por los organismos estatales. En el ámbito municipal se identificó que son las Presidencias Municipales las que poseen mayor número de señalamientos por violaciones a derechos humanos (48.2%); seguidas por las Direcciones de Seguridad Pública y Vialidad de los Municipios (38.1%) y los Juzgados Calificadores (1.9%).

A nivel estatal, las autoridades que recibieron mayores recomendaciones fueron las Fiscalías Generales de Procuración de Justicia de los estados (39.5%), seguidas por las Secretarías de Seguridad Pública (14%), y posteriormente las Secretarías de Salud de los estados (13.2%); en tanto, a nivel de gobierno federal, el mayor porcentaje de recomendaciones fueron emitidas en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (30%), seguido por la Secretaría de Marina (14%), y cierra el ominoso cuadro la Procuraduría General de la República (12%).

En particular se detectaron 1,425 hechos que presuntamente constituyen violaciones a derechos humanos perpetradas en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas y otros, en donde destacan los siguientes rubros: desaparición forzada de personas, privación de la vida, tortura, detención arbitraria y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Ante este inequívoco escenario, es necesario recordar que Le Fur explicaba que los fines del derecho con respecto a las funciones del Estado: son la seguridad, la justicia y el bien común. Entonces, cuando alguna de estas estructuras fracasa en garantizar algún elemento básico, ya sea porque el Estado no puede por fallas en su dimensión de capacidades instauradas o no quiere atender con eficacia el conflicto ante la ley penal por sus deficiencias funcionales en sus instituciones, la impunidad se hace presente y se actualiza la violación a derechos humanos, principalmente por la falta efectiva de tutela judicial, además de la violación específica del caso de que se trate,  peor aún, si la violación de derechos humanos o al debido proceso se efectúa a manos de agentes del Estado a través de conductas como las detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada, ejecuciones, entre otros.

Este binomio, violación a derechos humanos-impunidad, es minuciosamente analizado en el Índice Global de Impunidad México 2018, documento que cada año es auspiciado por la Universidad de las Américas Puebla, a través del Centro de Estudios de Impunidad y Justicia, conformando, en la actualidad, un referente fundamental para la reflexión en este ámbito. Recordando siempre,que, para las Naciones Unidas, el derecho al acceso a la justicia es una herramienta lógica contra la impunidad y constituye un elemento toral en la construcción de un estado de derecho democrático.

@OpinionLSR 

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.

Tags: méxico, justicia, impunidad,
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